En Luján de Cuyo, el anuncio de la renovación del sistema de alumbrado público, que debía traer modernidad y seguridad a las calles, terminó convertido en un escándalo. La obra, valuada en 18 millones de pesos, fue presentada como un paso hacia la eficiencia energética y la mejora urbana. Sin embargo, pronto se conoció que el costo real de los materiales y servicios contratados estaba inflado en un 300% de sobreprecio, lo que disparó las críticas y la indignación ciudadana.

Los vecinos, que esperaban ver sus barrios iluminados con tecnología LED y mayor seguridad nocturna, se encontraron con una noticia que oscureció cualquier expectativa: el dinero invertido no se corresponde con los valores de mercado. La sospecha de un manejo irregular de los fondos públicos se instaló rápidamente en la agenda política y social del departamento.

La polémica no tardó en escalar. Referentes opositores denunciaron que la gestión municipal habría favorecido a proveedores con precios desorbitados, mientras que organizaciones vecinales reclamaron explicaciones claras y auditorías independientes. El caso, además, reavivó el debate sobre el nuevo cargo por alumbrado público que se cobra en la boleta de la luz, medida que ya había generado resistencia entre los habitantes del municipio.

La administración local, por su parte, defendió la iniciativa como parte de un plan de modernización y aseguró que los recursos se destinarán a proyectos de eficiencia energética. Sin embargo, la falta de transparencia en los números y la magnitud del sobreprecio dejaron más dudas que certezas.

En las calles de Luján de Cuyo, el tema se convirtió en conversación cotidiana. Algunos vecinos se preguntan si realmente verán mejoras en la iluminación o si el dinero se perdió en maniobras poco claras. Otros, directamente, exigen que la justicia intervenga para esclarecer responsabilidades y garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera correcta.

El escándalo del alumbrado público no solo expone un posible caso de corrupción, sino que también refleja la tensión creciente entre la necesidad de obras de infraestructura y la obligación de una gestión transparente. En definitiva, lo que debía ser un símbolo de progreso terminó siendo una sombra que amenaza con opacar la confianza en las autoridades locales.

Con información de MendozaToday