La inflación en Mendoza registró una marcada aceleración en abril al ubicarse en el 3,6%, cifra que encendió las alarmas en el sector público provincial. Con este dato, el acumulado del primer trimestre alcanzó el 9,4%, dejando prácticamente sin efecto el acuerdo salarial vigente. Los gremios estatales advirtieron que, bajo el esquema actual del 10% para todo el semestre, la pérdida del poder adquisitivo es inminente y ya se posiciona cerca del 2,5% en términos reales.

Ante este escenario, el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) confirmó que realizará una presentación formal ante la Subsecretaría de Trabajo. Gustavo Correa, titular del gremio docente, adelantó que exigirán la reapertura urgente de la mesa paritaria para notificar al Gobierno y a la Dirección General de Escuelas sobre la necesidad de actualizar los montos previstos para mayo, ante una realidad económica que superó las proyecciones iniciales.

En la misma línea, Roberto Macho, referente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), endureció el discurso y no descartó el inicio de medidas de fuerza. Desde el gremio denunciaron una destrucción sistemática del salario y aseguraron que la parálisis económica está empujando a miles de familias estatales a la pobreza. Para ATE, la respuesta del Ejecutivo debe ser inmediata para evitar un conflicto mayor en las calles.

Por su parte, la respuesta desde Casa de Gobierno fue tajante: por el momento, no se analiza adelantar las negociaciones paritarias. Fuentes oficiales recordaron que lo pactado tiene vigencia hasta el mes de junio y subrayaron que la provincia enfrenta una situación financiera delicada. El argumento principal del Ejecutivo es la fuerte caída de los recursos propios y coparticipables, lo que limita el margen de maniobra para nuevos ofrecimientos.

Los datos fiscales respaldan la cautela del Gobierno provincial. Durante el primer trimestre de 2026, la recaudación total fue de $1.104.791 millones, lo que representa una disminución real del 5,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta retracción en los ingresos refuerza la postura oficial de atar cualquier incremento salarial a la evolución de la caja estatal, priorizando la estabilidad de las cuentas públicas.

La brecha entre las necesidades de los trabajadores y las posibilidades del Estado mendocino profundiza la incertidumbre para el próximo trimestre. Mientras los sindicatos insisten en que los salarios no pueden seguir siendo la variable de ajuste frente a la inflación, el Ministerio de Hacienda se mantiene firme en el cumplimiento de lo firmado, condicionado por un contexto de actividad económica en retroceso.

El conflicto parece encaminarse a una resolución de alto voltaje político. Con un cronograma de aumentos que solo prevé un 3% restante para mayo, la presión sobre la Subsecretaría de Trabajo aumentará en los próximos días. El desenlace dependerá de si el Gobierno logra mantener su postura de austeridad o si la presión gremial, sumada a la persistente suba de precios, obliga a flexibilizar los acuerdos antes de la fecha pautada.