En un paso clave hacia la modernización de los espacios públicos, el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza reglamentó el procedimiento para la presentación de iniciativas privadas en el Parque General San Martín. La medida establece un marco administrativo y legal para que el sector privado pueda proponer inversiones destinadas a mejorar y desarrollar la infraestructura de este emblemático pulmón verde, bajo los lineamientos del Régimen Provincial de Iniciativa Privada.

La normativa, que se encuadra en el Decreto 2002/25, formaliza la apertura de una convocatoria pública que busca atraer proyectos de renovación y nuevas instalaciones. Según indicaron fuentes oficiales, el objetivo central es potenciar la actividad económica y agilizar la gestión estatal, permitiendo que el parque se adapte a las necesidades actuales sin perder su esencia patrimonial ni su valor histórico para los mendocinos.

El proceso administrativo involucra a áreas estratégicas del Estado para garantizar la viabilidad de las propuestas. Mientras la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque se encargará de velar por el cumplimiento de las normativas ambientales, la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (Digebire) analizará todo lo concerniente al uso de los inmuebles fiscales, asegurando que cada intervención sea compatible con el entorno.

Para participar, los interesados deberán presentar sus proyectos de manera digital, cumpliendo con una serie de requisitos mínimos de solvencia y factibilidad técnica. La autoridad de aplicación fijó el 15 de mayo de 2026 como fecha límite para esta primera etapa de recepción, aunque el sistema permitirá la incorporación de nuevas propuestas de inversión de forma posterior a ese plazo.

Una vez recibidas, cada iniciativa será sometida a una rigurosa evaluación técnica y a un informe de compatibilidad de usos. Aquellos proyectos que demuestren ser beneficiosos para la provincia podrán ser elevados al Poder Ejecutivo para obtener la declaración de interés público, paso previo para avanzar hacia mecanismos competitivos de selección que garanticen la transparencia del proceso.

El nuevo esquema se asienta sobre los pilares de agilidad administrativa y seguridad jurídica, buscando ofrecer previsibilidad a los inversores. Al tratarse de un Área Ambiental Urbana Protegida, la reglamentación incorpora estrictas instancias de control y fiscalización para asegurar que cualquier obra respete los estándares ambientales vigentes y el carácter patrimonial del paseo.

Esta iniciativa coincide con las celebraciones por el 130° aniversario del Parque General San Martín y representa una apuesta por la colaboración público-privada. Con este marco legal, la provincia busca equilibrar la preservación de sus recursos naturales con un desarrollo de infraestructura que garantice la sostenibilidad del espacio público más importante de la región a largo plazo.