La investigación judicial sobre el manejo de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha dado un giro significativo con la citación a indagatoria de su exdirector, Diego Spagnuolo. El juez federal Ariel Lijo ordenó la comparecencia del exfuncionario junto a otras 34 personas, en el marco de una causa que busca desarticular un complejo entramado de corrupción y defraudación al Estado mediante el desvío de partidas presupuestarias.

El cronograma de citaciones dispuesto por el juzgado comenzará a ejecutarse a finales de abril. Entre los convocados de mayor peso jerárquico se encuentra Daniel María Garbellini, quien secundaba a Spagnuolo en el organismo, citado para el 28 de abril. También deberán presentarse Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo durante la jornada del 29 de abril, en una agenda cargada de testimonios clave para la instrucción.

La pesquisa, impulsada por el fiscal federal Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, detectó un "segundo circuito" de irregularidades. Según los investigadores, se habrían devengado más de $75 mil millones en favor de un grupo empresarial reducido, mediante mecanismos que eludían los controles habituales de la administración pública.

Este nuevo capítulo se suma a los procesamientos ya dictados en febrero, ampliando el foco de la Justicia hacia la responsabilidad de los empresarios involucrados. Se sospecha que existía una connivencia directa entre los directivos de la ANDIS y los proveedores, quienes habrían sido beneficiados sistemáticamente con contratos millonarios a cambio de retornos o maniobras de lavado de dinero.

Los fiscales sostienen que el dinero desviado, que debía destinarse a la asistencia y programas para personas con discapacidad, terminó financiando un esquema de enriquecimiento ilícito. El análisis de las órdenes de pago y las auditorías internas del organismo revelaron inconsistencias severas en la justificación de los gastos y en la selección de las empresas prestadoras de servicios.

La etapa de indagatorias será crucial para determinar el grado de participación de cada uno de los 35 implicados. La Justicia busca confirmar si existió una organización jerárquica dentro del organismo dedicada exclusivamente a direccionar los fondos públicos, y si los exfuncionarios citados fueron los arquitectos de este sistema de defraudación masiva.

Con la mira puesta en el cierre de la etapa de instrucción, el juez Lijo evaluará si las pruebas recolectadas son suficientes para dictar nuevos procesamientos. Mientras tanto, la atención política y social se centra en la recuperación de los activos desviados, en una causa que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los fondos destinados a los sectores más desprotegidos de la sociedad.