En busca de la verdad
En busca de la verdad
Este martes desde las 11.30, obstetras se concentrarán en la Legislatura para reclamar por la nueva reglamentación que regirá los partos.
Obstetras se movilizarán a la Legislatura provincial para manifestar su rechazo a una nueva disposición que comenzará a regir desde julio en clínicas privadas. La medida establece que el médico que atienda el parto no será el mismo que realizó el seguimiento del embarazo, sino un profesional de guardia asignado de manera aleatoria en cada institución.
Según el Gobierno provincial, esta modificación forma parte de un acuerdo impulsado por el Ministerio de Salud de Mendoza junto a todas las maternidades del Gran Mendoza, entre ellas el Hospital Español, el Hospital Italiano, el Hospital Isabel de Hungría, la Clínica de Cuyo, Santa María y Santa Clara. El objetivo central de la iniciativa es reducir el alto índice de cesáreas en el sector privado, que alcanza el 78%, frente al 42% del sistema público. La Organización Mundial de la Salud recomienda que ese porcentaje se ubique entre el 10% y el 15%.
Sin embargo, la decisión generó un fuerte rechazo entre los profesionales de la salud. Desde Obstetras Unidos de Mendoza (OBUM), así como también la Federación Médica de Mendoza y el Círculo Médico, cuestionaron la medida por considerar que no es la forma adecuada de disminuir las cesáreas. Sostienen que reemplazar al obstetra de cabecera por uno de guardia no cuenta con respaldo científico específico y que existen otras estrategias que han demostrado ser efectivas en distintos países.
El reclamo se hará sentir en la Legislatura, convocado por el reconocido gineco-obstetra Jorge Gasull. Si bien no hay pedidos formales de audiencia con las comisiones de Salud, los profesionales aseguran que igualmente expondrán su postura ante legisladores, tanto de la oposición como del oficialismo.
En un comunicado difundido durante el fin de semana, las entidades médicas expresaron su "desacuerdo fundamentado" con la medida, al considerar que vulnera derechos establecidos por la legislación nacional y que fue diseñada sin la participación de médicos ni pacientes. Además, señalaron que la reducción de cesáreas está asociada al acompañamiento continuo durante el trabajo de parto, lo que puede disminuir estos procedimientos hasta en un 25%, junto con una baja en partos instrumentales y en el uso de analgesia.
También remarcaron que las causas del alto índice de cesáreas son múltiples y no pueden atribuirse únicamente al rol del médico de cabecera. Entre ellas, mencionaron las preferencias maternas, el miedo al dolor, la edad de las pacientes, comorbilidades, tiempos institucionales e incluso incentivos económicos.
La iniciativa, que comenzaría a aplicarse en julio de 2026, cuenta con el aval de la OPS y propone cambios en el modelo de atención y de pago.
Otro de los puntos centrales del cuestionamiento es el aspecto legal. Según indicaron, la implementación de un sistema en el que el parto sea atendido por un médico distinto al que acompañó el embarazo constituye una práctica diferente que requiere el consentimiento informado de la paciente, tal como lo establece la Ley 26.529 de Derechos del Paciente. En ese sentido, advierten que un acuerdo administrativo entre el Ministerio y las clínicas privadas no puede reemplazar ni suprimir ese consentimiento individual.
Con este escenario, el conflicto suma tensión en el ámbito sanitario provincial, mientras crece el debate sobre cómo abordar de manera efectiva la reducción de cesáreas sin afectar la calidad de atención ni los derechos de las pacientes.
La víctima se habría quedado dormida y perdió el dominio del vehículo.
.webp)
