La Corte Suprema de Justicia de la Nación se metió de lleno en la disputa por tierras en el sur mendocino y convocó a una audiencia de conciliación que puede marcar el rumbo del caso. El expediente enfrenta a la Provincia de Mendoza con el Estado nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), por la personería jurídica otorgada al Lof El Sosneado, en San Rafael. La audiencia fue fijada para el 8 de abril de 2026 a las 11, en la sede del máximo tribunal.

El origen de la controversia está en la Resolución 80/2023 del INAI, publicada en el Boletín Oficial en septiembre de 2023, que dispuso la inscripción de la personería jurídica del Lof El Sosneado "perteneciente al Pueblo Mapuche" en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. A partir de ese acto administrativo, Mendoza inició una acción de nulidad y de inconstitucionalidad contra la Nación.

Según surge del dictamen de la Procuración General y del resumen difundido por la propia Corte, la provincia sostiene que el reconocimiento fue "unilateral e inconsulto", que avanzó sobre competencias concurrentes y que generó un conflicto de poderes entre el Gobierno federal y el provincial. En ese planteo, Mendoza cuestiona además la validez del acto administrativo y pide que se lo deje sin efecto.

La Procuración entendió que el caso debía tramitar en la instancia originaria de la Corte por tratarse de una demanda de una provincia contra el Estado nacional, criterio que luego fue adoptado por el tribunal. En esa misma resolución, la Corte ordenó correr traslado de la demanda y convocó a las partes y a la comunidad a una audiencia en los términos del artículo 36, inciso 2°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Del otro lado, el Lof El Sosneado sostiene la validez de su reconocimiento y rechaza el planteo mendocino. En presentaciones y comunicados públicos, la comunidad defendió que su inscripción sigue vigente y cuestionó la postura oficial de la provincia frente a su identidad y a sus derechos territoriales.

La audiencia del 8 de abril será la primera vez que Mendoza, la Nación y la comunidad se sienten ante la Corte para intentar una salida acordada antes de un fallo de fondo. Aunque no implica una definición definitiva, la instancia aparece como un paso clave en un litigio que ya excede lo administrativo y se convirtió en un conflicto de alto voltaje político, institucional y territorial.