El debate por la Ley de Glaciares volvió a instalarse en la agenda política y legislativa de Argentina a partir de una nueva discusión en el Congreso de la Nación Argentina, donde se analizan modificaciones a la normativa vigente desde 2010. El tema generó fuertes posiciones a favor y en contra, incluyendo críticas de sectores ambientales, organizaciones sociales y figuras públicas que cuestionan posibles cambios en la protección de reservas hídricas estratégicas.

En una entrevista con MNews Radio - El Observador Mendoza, el diputado Guillermo Mosso explicó el origen de la legislación y los problemas que, según algunos sectores políticos, surgieron desde su implementación.

La actual normativa tiene antecedentes en un proyecto presentado en 2008 por la ex diputada Marta Maffei, que fue vetado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Posteriormente, en 2010, el Congreso aprobó una nueva versión impulsada por el senador Daniel Filmus, aunque finalmente terminó imponiéndose una propuesta más restrictiva presentada por el diputado Miguel Bonasso.

Según Mosso, el problema central de la ley radica en su alcance prohibitivo, ya que extiende las restricciones no solo a los glaciares propiamente dichos, sino también al denominado ambiente periglacial, lo que, desde su perspectiva, genera limitaciones para el desarrollo de infraestructura en zonas cordilleranas.

"La ley trabaja sobre una hipótesis de prohibición absoluta para diferentes actividades en la cordillera", afirmó Guillermo Mosso.

Los glaciares son considerados reservas estratégicas de agua dulce. Además de los cuerpos de hielo macizo, la legislación incluye dentro de su protección a los llamados glaciares de escombros, formaciones rocosas que contienen hielo en su interior y cumplen funciones dentro del sistema hídrico de alta montaña.

Sin embargo, el diputado señaló que la normativa vigente también incorpora dentro de su alcance áreas congeladas sin valor hídrico significativo, lo que habría generado conflictos interpretativos y judiciales en varias provincias cordilleranas.

"La ley genera una prohibición absoluta que incluso impediría desarrollar infraestructura básica en la cordillera", sostuvo Guillermo Mosso.

Uno de los puntos más debatidos está relacionado con el rol del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), organismo encargado del inventario nacional de glaciares. De acuerdo con el legislador, muchos de los relevamientos se realizaron mediante imágenes satelitales, lo que implicaría la necesidad de complementar esos estudios con investigaciones de campo.

El proyecto de modificación impulsado por el Poder Ejecutivo busca incorporar criterios científicos más precisos y actualizar la información sobre glaciares y ambientes periglaciares, permitiendo además que las provincias aporten datos propios para perfeccionar el inventario nacional.

"El proyecto agrega definiciones más concretas y protección efectiva con criterios científicos", explicó Guillermo Mosso.

El debate también se vincula con discusiones más amplias sobre desarrollo productivo, minería, infraestructura y protección ambiental en la región cordillerana. Según el diputado, la legislación actual presenta similitudes con otras normas provinciales restrictivas, como la Ley 7722 de Mendoza, que regula la actividad minera en esa provincia.

Además, el proceso legislativo contempla instancias de participación ciudadana, ya que cualquier proyecto productivo en zonas sensibles debe cumplir con lo establecido por la Ley General del Ambiente de Argentina, que exige evaluaciones de impacto ambiental y audiencias públicas.

El tratamiento de las posibles modificaciones continúa generando debate político y social en Argentina, donde se busca encontrar un equilibrio entre la protección de recursos naturales estratégicos y el desarrollo de infraestructura y actividades productivas en regiones cordilleranas.