En una entrevista en Mnews Radio, por El Observador Mendoza, Bernardo Mercado, secretario de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael y empresario del sur provincial, analizó el proyecto de reforma laboral que ya cuenta con media sanción en el Senado y que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

Desde la entidad vienen reclamando desde hace más de cinco años una transformación estructural del sistema laboral argentino. Según explicó, el proceso comenzó con el DNU 70/23, cuya aplicación en materia laboral fue suspendida por una cautelar impulsada por la CGT. En ese expediente, la cámara empresaria se presentó como "amigo del tribunal", a la espera de una definición judicial. Luego se avanzó con la Ley Bases, que introdujo modificaciones parciales, y ahora se abre una nueva etapa con un proyecto más detallado.

Mercado sostuvo que se trata de "el inicio de un camino que va a ser largo", y remarcó que, aunque no tendrá efectos inmediatos, permitirá otorgar mayores libertades de contratación y avanzar en competitividad. Señaló que el denominado "costo argentino" continúa siendo un obstáculo central, especialmente por la carga patronal, que en el país supera el 50%, mientras que en Chile ronda el 21% o 22%.

Indicó que las cargas sociales vigentes prácticamente no se modificaron y que las reducciones previstas alcanzan solo a nuevos empleos. En ese sentido, afirmó que una eventual reactivación de la actividad permitiría aprovechar esos incentivos, aunque consideró que todavía resta un trayecto amplio para equiparar condiciones regionales.

En relación con la realidad económica del sur mendocino, describió un escenario heterogéneo. Sectores como la vitivinicultura y la fruticultura atraviesan una situación compleja, con caída de la demanda y precios deprimidos para el productor, influenciados por cambios de hábitos de consumo y otras variables estructurales. En contraste, la ganadería registra niveles de precios que no se observaban en las últimas cuatro décadas, producto de un stock reducido y la apertura de mercados, lo que genera impacto directo en el consumidor.

La industria y el comercio, explicó, se encuentran en un proceso de adaptación a un nuevo esquema de competencia. Señaló que el país atraviesa un cambio de modelo económico que implica readecuaciones tecnológicas y estructurales tras décadas de políticas proteccionistas. En ese marco, destacó que las nuevas generaciones empresarias demandan mayor libertad de competencia y actualización tecnológica para reducir costos y mejorar productividad.

Sobre la relación con los sindicatos en el contexto del paro general, Mercado afirmó que la representación sindical formal es mayor en sectores esenciales como transporte y empleo público, mientras que en la mayoría de las empresas privadas la afiliación es baja. Reconoció el rol institucional de los gremios dentro de los convenios colectivos, pero advirtió que históricamente las negociaciones han sido complejas.

Remarcó que sin empresas no hay producción ni empleo genuino, y que en los últimos quince años el crecimiento del empleo se concentró en el sector estatal, mientras que el privado se mantuvo estancado y aumentó la informalidad. También mencionó la derogación de multas laborales a través de la Ley Bases y señaló que ello no generó un incremento significativo del empleo formal.

Asimismo, alertó sobre la persistencia de la litigiosidad laboral, que en algunos casos deriva en indemnizaciones de alto impacto para las empresas, afectando su viabilidad patrimonial. En ese contexto, sostuvo que la reforma debería profundizarse para reducir costos y generar condiciones que beneficien tanto a empleadores como a trabajadores.

En cuanto a la actividad durante la jornada de paro, indicó que en el centro de San Rafael se percibió una disminución del movimiento habitual, especialmente por la incidencia del transporte, los bancos y el sector público. Las empresas privadas, en general, mantuvieron su funcionamiento, aunque con menor circulación de personas.

Finalmente, reafirmó la postura de la cámara a favor de avanzar en cambios estructurales que permitan "generar más empleo y reducir el costo del trabajo formal", como condición necesaria para fortalecer la competitividad del comercio, la industria y el agro en el sur mendocino.