En busca de la verdad
En busca de la verdad
El especialista analizó los principales alcances de la norma y respondió a las críticas que despertó su implementación.
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La Ley de Inocencia Fiscal, recientemente aprobada por el Congreso de la Nación y ya reglamentada, abrió un fuerte debate en el ámbito económico, tributario y político. El nuevo marco legal propone un cambio de paradigma en la relación entre el fisco y los contribuyentes, con el objetivo de simplificar el sistema impositivo, reducir la informalidad laboral y redefinir los criterios de penalización por evasión.
Durante una entrevista en MNews Radio, El Observador Mendoza, el contador público y tributarista Guillermo Poch analizó los principales alcances de la norma y respondió a las críticas que despertó su implementación.
Uno de los ejes centrales de la Ley de Inocencia Fiscal es la modificación del enfoque tradicional del fisco, buscando una relación menos punitiva y más orientada a la regularización. La norma facilita la liquidación del impuesto a las Ganancias y actualiza los umbrales mínimos de punibilidad establecidos en la Ley Penal Tributaria.
"La ley plantea un cambio de paradigma en la relación entre el contribuyente y el fisco", explicó Poch.
En ese sentido, se redefinen los montos a partir de los cuales una conducta puede considerarse delito penal tributario, elevando significativamente los pisos que habían quedado desactualizados frente a la inflación.
Uno de los puntos que más polémica generó es la posibilidad de ingresar ahorros no declarados al sistema financiero. Sin embargo, el especialista aclaró que la ley no constituye un blanqueo.
"No es un blanqueo desde el punto de vista técnico, porque no condona sanciones penales cambiarias", señaló.
La Ley de Inocencia Fiscal se limita estrictamente a la materia impositiva y no modifica otras disposiciones vigentes en el régimen cambiario, aunque introduce mayor flexibilidad y menor nivel de control fiscal directo.
La actualización de los montos de punibilidad fue uno de los aspectos más cuestionados. La evasión simple pasó a penalizarse a partir de los 100 millones de pesos y la evasión agravada desde los 1.000 millones.
"El derecho penal tributario busca perseguir a los grandes evasores, no al contribuyente chico", sostuvo Poch.
El especialista recordó que la Ley de Procedimientos Tributarios continúa aplicando multas severas frente al dolo, incluso de hasta seis veces el monto evadido, sin necesidad de activar la vía penal.
Otro eje del debate es el impacto de la presión tributaria sobre las pymes y el empleo formal. Según se expuso en la entrevista, Argentina mantiene niveles elevados de informalidad laboral, cercanos al 42 o 43%, en un contexto donde las empresas enfrentan altos costos fiscales y judiciales para contratar personal.
"Hay que salir de la presión tributaria que tienen las pymes y del sistema de juicios laborales", afirmó Poch.
En ese marco, también se cuestionó el rol de sectores sindicales y políticos que, según el análisis, se resisten a introducir reformas estructurales en el sistema laboral.
El debate sobre la Ley de Inocencia Fiscal también reavivó la discusión de fondo sobre el sistema impositivo argentino, caracterizado por su regresividad.
"El IVA es uno de los impuestos más regresivos y perjudica especialmente a quienes no llegan a fin de mes", explicó el tributarista.
Mientras en otros países el impuesto al consumo ronda el 8%, en Argentina alcanza el 21%, afectando proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos.
Según Poch, el problema central no es solo la estructura impositiva, sino la baja actividad económica. Un país con escaso crecimiento no logra sostener el gasto público, aun con impuestos elevados.
"Con poca actividad económica, los impuestos altos no alcanzan para cubrir las necesidades del Estado", advirtió.
Desde esta perspectiva, la solución de fondo pasa por generar condiciones más atractivas para la inversión, tanto local como extranjera, y por una mayor eficiencia en el gasto público.
La ley ya se encuentra vigente a nivel nacional y no requiere adhesión provincial. Sin embargo, el debate tributario se extiende a reformas más amplias, como la posible implementación del llamado Super IVA, que implicaría eliminar Ingresos Brutos y reformar la coparticipación federal.
"Modificar el IVA implica necesariamente discutir la ley de coparticipación", explicó Poch.
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