El anuncio del jefe de Gabinete Manuel Adorni sobre la inclusión de la Ley Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero tuvo un eco inmediato en Mendoza. La ministra de Seguridad y Justicia provincial, Mercedes Rus, celebró la decisión del Ejecutivo nacional y aprovechó para reclamar una reforma profunda que, según planteó, corrija el desfasaje entre el régimen penal juvenil y la normativa civil vigente.

Adorni confirmó la incorporación del tema al temario de extraordinarias a través de un mensaje público tras una reunión en Casa Rosada. En medios nacionales, se informó además que el período de extraordinarias se extenderá entre el 2 y el 27 de febrero, con la Ley Penal Juvenil dentro del paquete que el oficialismo buscará impulsar.

En Mendoza, Rus sostuvo que la discusión debe darse "con responsabilidad" y apuntó a la coherencia normativa: "La reforma penal tiene que adecuarse a la realidad jurídica actual". En esa línea, remarcó que el Código Civil y Comercial ya reconoce una categoría específica desde los 13 años y que el sistema penal "no puede seguir desfasado".

Gobierno y oposición avanzan en la construcción de la Ley Penal Juvenil

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En Casa Rosada aseguran que la idea es establecer la baja de imputabilidad en los 13 años, aunque se muestran abiertos a dialogar.

La ministra advirtió que el debate no debería limitarse a la edad de imputabilidad y pidió incluir la arquitectura institucional necesaria para abordar los casos. "Hay que pensar en un plan de contención para esos jóvenes", señaló, al plantear que el Estado debe garantizar dispositivos adecuados dentro del sistema penitenciario o, según la gravedad del delito, alternativas de penas y contención.

Rus recordó que Mendoza viene impulsando una reforma integral desde 2024, presentada ante Nación junto al gobernador Alfredo Cornejo y el procurador Alejandro Gullé, con la intención de incorporar figuras penales y agravantes que -según el diagnóstico provincial- impactan de lleno en la vida cotidiana.

Entre los puntos que la provincia busca sumar al debate aparecen:

• Robo de servicios públicos, con agravamiento de penas para el robo de luminarias y medidores.
  
• Armas e inseguridad, con endurecimiento por tenencia ilegal e incorporación de figuras asociadas a elementos aptos para delinquir.
  
• Seguridad vial, con inhabilitaciones más severas para conductores ebrios que provoquen muertes.
  
• Ciberdelitos, con tipificación de la suplantación de identidad para enfrentar nuevas modalidades de estafas.
  

El oficialismo nacional busca acelerar el tratamiento desde el 2 de febrero, aunque en el propio Gobierno reconocen que el camino requerirá consensos y podría extenderse al período ordinario desde marzo. En paralelo, la ministra Patricia Bullrich respaldó públicamente la iniciativa con mensajes en redes en favor de endurecer el esquema frente a delitos cometidos por menores.