El calor del verano mendocino invita a buscar alivio, pero no todo vale cuando se trata de refrescarse. Bañarse en lugares no habilitados no solo implica un riesgo extremo, sino que también puede derivar en sanciones severas. Así lo explicó Marcela Andino, funcionaria del Departamento General de Irrigación, al advertir que estas conductas pueden terminar en multas económicas, arrestos o trabajos comunitarios.

Ya no se trata solo de una recomendación basada en el sentido común. Ingresar a canales, ríos o cauces prohibidos constituye una falta prevista en el Código Contravencional de la provincia. Es decir, una infracción con consecuencias legales concretas.

Las cifras reflejan la gravedad del problema. Según datos oficiales -que incluso no contemplan las últimas semanas-, en lo que va del verano cinco personas perdieron la vida al bañarse en lugares no permitidos.

Los motivos de la prohibición son claros. Los canales de riego, por ejemplo, están diseñados exclusivamente para transportar agua a gran velocidad. Muchos cuentan con sistemas en el fondo que aceleran el caudal, generando corrientes imposibles de manejar incluso para personas que saben nadar. No son espacios recreativos, y nunca lo fueron. Casos como el de la conocida "Cascada de la muerte", en Las Heras, lo confirman.

Algo similar ocurre con los ríos mendocinos que descienden de la montaña. A simple vista pueden parecer tranquilos, pero por debajo esconden un caudal fuerte, piedras y remolinos que los vuelven altamente peligrosos. La apariencia engaña, y el riesgo es constante.

En este contexto, Mendoza aún intenta asimilar la historia de Rita, una mujer en situación de calle que vivía en el Zanjón de los Ciruelos. Tras una fuerte lluvia, el agua habría avanzado de forma repentina y violenta, arrastrándola sin dejar rastros hasta el momento. En estos cauces aluvionales, el agua no avisa: baja de golpe y con una fuerza devastadora.

Pese a años de campañas de concientización, la práctica de bañarse en aguas prohibidas persiste. Por eso, la provincia decidió reforzar el marco sancionatorio. Las penalidades incluyen multas, arresto y tareas comunitarias, y cuando se trata de menores, la responsabilidad recae directamente sobre padres o tutores.

A esto se suma otro problema frecuente: el deterioro de la infraestructura hídrica. Diques improvisados, márgenes derrumbados y basura arrojada en los cauces no solo agravan el peligro, sino que afectan el sistema que garantiza el agua para toda la provincia.

Frente a este escenario, las autoridades remarcan que sí existen alternativas seguras. Algunos municipios habilitan espacios específicos para refrescarse, debidamente señalizados y acondicionados. Solo esos lugares están permitidos. También hay zonas donde se pueden llevar a cabo actividades náuticas, siempre respetando las normas, utilizando chalecos salvavidas y extremando cuidados.

El mensaje es claro: el agua puede ser un alivio frente al calor, pero elegir mal el lugar puede costar caro. En vidas, en sanciones y en consecuencias que muchas veces llegan cuando ya es tarde.