La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado de Mendoza analizó este miércoles un proyecto de ley que busca fortalecer el control vial con la participación activa de los ciudadanos. La iniciativa, impulsada por el senador Germán Vicchi (La Unión Mendocina), propone que cualquier persona pueda registrar y enviar material multimedia (videos y fotografías) de infracciones y accidentes de tránsito para su posterior sanción. El proyecto ya cuenta con despacho favorable para ser tratado en el recinto.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, quien ve con buenos ojos el proyecto, sugirió que la figura más adecuada es incorporar la modificación al capítulo de procedimiento de la Ley de Tránsito, ya que se trata de una "noticia de infracción" y no de la instalación de un nuevo sistema de cámaras oficial.

Rus destacó la necesidad de enfrentar las conductas negligentes que, según datos nacionales, están asociadas al 60% de los siniestros mortales, minimizando la incidencia del alcohol en la estadística actual.

La propuesta central eshabilitar un canal digital oficial (página web y número de WhatsApp), tanto a nivel del Ministerio de Seguridad como en cada municipio, para la recepción del material.

La ministra detalló que el material ingresará como una comunicación ciudadana, no como una denuncia estricta. Para garantizar su validez, el Ministerio se encargará de:

• Verificación: Evaluar la autenticidad del material y obtener datos clave (patente, ubicación, día y hora).
  
• Testigos: Contactar al emisor, si es necesario, para confirmar su actuación como testigo.

Con estos elementos, se elaborará un informe preventivo que será derivado al juzgado vial correspondiente, que finalmente evaluará si corresponde avanzar con una sanción, de manera similar a cualquier acta de infracción.

Los municipios y el Ministerio podrán excluir grabaciones que no correspondan a la jurisdicción o que presenten indicios de falsedad o adulteración (incluyendo el uso de Inteligencia Artificial). En estos casos, la información será remitida al Ministerio Público Fiscal para la formación de una compulsa penal.

Para fomentar la participación, el proyecto incorpora un incentivo económico. Quienes realicen una comunicación que derive en un expediente vial y, consecuentemente, en una sanción, podrán obtener un descuento adicional del 10% en el impuesto automotor del año siguiente (siempre que no registren deudas). Para aquellos que no tributen el automotor, el beneficio se aplicará a otros impuestos provinciales.

El texto establece que cada municipio deberá implementar su propio sistema de recepción, labrar el acta correspondiente y remitirla al juez de tránsito dentro de las 48 horas.