La Legislatura de Mendoza atravesó una jornada considerada histórica tras la aprobación del proyecto para habilitar la explotación de cobre en la provincia. La medida generó manifestaciones masivas impulsadas, en gran parte, por la Asamblea del Agua, que centró sus críticas en el consumo hídrico, la contaminación y la vigencia de la Ley 7722.

El senador del PRO, Gabriel Pradines, accedió a un informe de la Universidad Nacional de San Juan que analiza el uso de agua en la actividad minera y comparó esos datos con los de Mendoza para aportar contexto técnico al debate. Según ese estudio, en San Juan el 3,5% del agua utilizada en la última década fue destinado a la minería, mientras que cerca del 93% correspondió al sector agropecuario. En los últimos años, el consumo hídrico minero en esa provincia se redujo aún más, llegando al 1%.

Pradines remarcó que esos números permiten dimensionar el verdadero peso de la minería en el uso de agua. "La actividad minera es una actividad que no consume agua", sostuvo al comparar esa proporción con otras industrias.

El senador explicó también el concepto de huella hídrica, creado en 2002, que mide la cantidad total de agua utilizada en toda la cadena productiva para obtener un bien específico. Según ese indicador, la producción de cobre utiliza unos 45 litros de agua por kilo, mientras que un kilo de pan requiere aproximadamente 483 litros y la elaboración de un litro de vino demanda cerca de 183 litros. Para Pradines, la comparación evidencia la falta de correlación entre el reclamo ambiental y los consumos reales. "No por eso salimos a la calle a crear el movimiento antipanadería", ejemplificó.

Respecto del proyecto mendocino, afirmó que el volumen de agua previsto equivale a "una gota dentro del dique Potrerillos", y que incluso en escenarios hipotéticos donde el Arroyo del Tigre afectara al río Mendoza, representaría apenas el 0,2% del caudal, del cual la actividad minera usaría solo una tercera parte.

El legislador señaló que parte del rechazo social responde a consignas que se replican sin sustento técnico, mientras que la mayoría de la ciudadanía no dispone de tiempo para contrastar información. "El ciudadano común se queda con el eslogan 'nos vamos a quedar sin agua'. No hay un solo dato técnico que sustente eso", aseguró.

Sobre la Ley 7722, subrayó que el proyecto aprobado la respeta plenamente y no utiliza sustancias prohibidas. "Si decimos que la 7722 no se toca y el proyecto la respeta, entonces avancemos", afirmó, aludiendo a que el freno a la minería en Mendoza responde más a posiciones ideológicas que a argumentos científicos.

En cuanto a los controles estatales, reconoció la importancia de mantenerlos y recordó que otras industrias sensibles funcionan bajo supervisión efectiva. Mencionó como ejemplo la actividad petrolera, donde se transportan sustancias riesgosas como ácido fluorhídrico con mecanismos de seguridad que han demostrado eficiencia.

Pradines también destacó que el proceso de evaluación ambiental incluyó más de 10.000 páginas de informes de organismos técnicos y científicos, y que si bien existen objeciones puntuales -como las planteadas respecto de la fauna de la zona- ninguna constituye un motivo para frenar la iniciativa. "Hay cuestiones que pueden discutirse, pero no por eso vamos a frenar el proyecto", afirmó.

El senador advirtió además sobre la apropiación de la "licencia social" como argumento político. A su criterio, la verdadera representación recae en el voto legislativo. "Ayer, 29 de 36 legisladores dijeron que hay que avanzar con este proyecto. No corresponde arrogarse la representación de la mayoría", sostuvo.

Finalmente, el debate dejó expuestas tensiones políticas internas y discusiones pendientes sobre alineamientos partidarios, aunque el legislador evitó profundizar en ese terreno.

El caso volvió a poner en primer plano la necesidad de información clara y verificable sobre el uso de agua, la legislación ambiental vigente y el impacto productivo de la minería en la provincia. La noción de huella hídrica -destacada al cierre del programa- abre un nuevo eje de análisis para comprender cuánta agua demandan realmente las distintas actividades económicas en comparación con la explotación de cobre.