El sector vitivinícola argentino elevó una acción de amparo ante la Justicia contra la Resolución que desregula el funcionamiento del Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV). La medida es impulsada por entidades de peso como la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación Viñateros de Mendoza y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios, ante la negativa del Gobierno nacional de reincorporar la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uvas (CIU).

El foco del conflicto es la decisión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de eliminar la obligatoriedad del CIU, basándose en la premisa ideológica de que "nada sea obligatorio porque quita libertad".

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción, se mostró crítico con esta postura, señalando que han sido "obligados por un detalle ideológico". Argumentan que, si bien muchas regulaciones limitan la libertad, otras, como el CIU, "dan orden y libertad" al garantizar el funcionamiento transparente de la cadena.

El sector vitivinícola ya había advertido a Sturzenegger y al ministro de Economía, Luis Caputo, mediante una carta, sobre la importancia de mantener esta herramienta.

En un comunicado, ACOVI explicó que el amparo busca "garantizar el título de propiedad del productor vitivinícola y la trazabilidad del producto".

Si bien las entidades coinciden con las políticas de desregulación y simplificación del Estado, sostienen que el CIU es una herramienta exitosa que:

• Garantiza Seguridad Jurídica y Transparencia de toda la cadena vitivinícola.
  
• Certifica la Calidad, Autenticidad y Genuinidad de los productos.
  

Es la única constancia fehaciente con reconocimiento bilateral que certifica el ingreso real de la uva al lagar, detallando peso, variedad y condiciones de entrega.

Sturzenegger defendió que la desregulación busca dar "más libertad para la industria y más libertad para los productores". El funcionario insistió en que el CIU no desaparece, sino que se transforma en opcional: "En todo caso lo que se habla es si debe ser opcional, si querés hacerlo o no querés hacerlo. Si querés hacerlo, operás exactamente como era antes".

El nuevo régimen regulatorio modifica sustancialmente el rol del INV, que se centrará en la trazabilidad final y en la transparencia del producto terminado, en lugar de controlar cada etapa productiva. La resolución también establece que las certificaciones de origen, añada y varietal dejarán de ser obligatorias y pasarán a tener carácter optativo.

La presentación del amparo ocurre luego de que Sturzenegger visitara Mendoza para explicar la desregulación y manifestara que se llevaría las "inquietudes" sin dar marcha atrás explícitamente a los cambios.