El Ministerio Público Fiscal de la Nación dictaminó este lunes que la Justicia federal no tiene competencia para investigar la denuncia penal presentada por la senadora Anabel Fernández Sagasti contra el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por un convenio firmado entre la Provincia y la Dirección Nacional de Vialidad.

La denuncia, presentada la semana pasada en los Tribunales Federales de Mendoza, apuntaba a una presunta malversación de fondos públicos por parte del mandatario radical, tras un acuerdo por el cual Mendoza asumió con recursos propios obras de mantenimiento y conservación de rutas nacionales, lo que -según la legisladora kirchnerista- debería haber sido financiado por el Estado nacional.

Sin embargo, la fiscal federal Patricia Santoni consideró que no se verificó ninguna afectación al patrimonio de la Nación ni participación de funcionarios federales en presuntas irregularidades, por lo que la causa debe ser investigada por la justicia provincial.

El acuerdo cuestionado fue suscripto el 14 de mayo de 2025 entre el gobierno de Mendoza y Vialidad Nacional, y aprobado por la Ley Provincial 9640. En él se establece un esquema de ejecución de obras sobre rutas nacionales con financiamiento a cargo del Estado provincial.

Fuerte denuncia contra el gobernador Cornejo por convenio con Vialidad Nacional: "Perjudica a los mendocinos

Mendoza

La senadora nacional Fernández Sagasti afirmó que el acuerdo por el que la provincia de Mendoza se hará cargo del mantenimiento de rutas nacionales podría constituir una malversación de fondos públicos.

Para Fernández Sagasti, esa cesión de responsabilidades representaría un perjuicio para las arcas mendocinas, y por ende, un uso indebido de fondos públicos. No obstante, la fiscal Santoni remarcó en su dictamen que la jurisdicción federal es de carácter restrictivo y excepcional, y que no se configura ninguno de los supuestos previstos por la Constitución Nacional para justificar la intervención.

Con este panorama, la denuncia fue remitida a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de Mendoza, que ahora deberá decidir si abre una investigación por los hechos denunciados. Mientras tanto, desde ámbitos judiciales se habló de un "papelón político" por parte de la senadora, e incluso sectores afines al kirchnerismo expresaron su malestar por la endeble presentación legal.

Desde el entorno del gobernador Cornejo no hubo declaraciones públicas, aunque fuentes oficiales remarcaron que el convenio "es legal, fue aprobado por la Legislatura y responde a una política activa de infraestructura ante la desatención de Nación".