El INV, que regula y certifica la industria vitivinícola dejará de ser autónomo y se integrará a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. A pesar del cambio, conservará su nombre, su rol certificador y su reconocimiento internacional, aunque ahora podrá delegar funciones técnicas a entes públicos o privados.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la transformación del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) como parte del plan de ajuste del Estado del Gobierno nacional. Y señaló que mantuvieron el nombre del organismo y las certificaciones para exportaciones por pedido del gobernador Alfredo Cornejo.

"Se mantienen, por supuesto, las certificaciones para exportaciones expedidas por el INV, cuando así lo exijan los países de destino. Que esto se mantuviera fue un pedido unánime de toda la industria y también del gobernador Alfredo Cornejo, que también pidió que mantuviéramos el nombre del instituto", expresó.

A través de X, el funcionario señaló: "Las certificaciones de origen, añada y varietal pasarán a ser optativas, a disposición de los productores que las requieran, y podrán ser emitidas por el propio INV o por entidades privadas. Este es otro principio general de las reformas del presidente Javier Milei que un trámite se pueda hacer en el sector público o en el sector privado".

Para justificar la medida de transformación del instituto, afirmó: "Esto obliga al regulador a ejercitar cierta "cordura" que no necesita tener si los productores están obligados a recurrir en exclusiva al ente estatal. Y de hecho la certificación de origen, en algunos casos ya la dan los privados, como en Luján de Cuyo. En otros productos no es necesaria: quizás a un vino de menor calidad le alcanza con decir "Mendoza" sin tener que ir por un engorroso trámite de certificación de origen en el INV".

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