En busca de la verdad
En busca de la verdad
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La reciente decisión del Departamento General de Irrigación (DGI) de Mendoza de habilitar la perforación de cinco pozos de agua subterránea a la empresa CRESUD S.A.C.I.F. y A. ha reavivado la controversia en torno al manejo de los recursos hídricos en una de las áreas más sensibles y disputadas de la provincia. La medida, que afecta a la margen derecha del río Mendoza en la subcuenca El Carrizal, enfrenta fuertes críticas de ambientalistas, productores locales y sectores políticos, que advierten sobre el riesgo de sobreexplotación del acuífero.
El conflicto no es nuevo. CRESUD, vinculada al empresario Eduardo Elsztain, llevaba años gestionando permisos para explotar agua subterránea en la zona, luego de que le fueran denegados reiteradamente por la autoridad de Irrigación. Tras agotar las instancias administrativas, la empresa recurrió a la Suprema Corte provincial, que finalmente reconoció su derecho a ser considerada en la redistribución de los recursos, aunque sin garantizarle el acceso inmediato.
La situación dio un giro inesperado este año, cuando Irrigación, a través de la resolución 125, otorgó a CRESUD la autorización para perforar cinco pozos, argumentando la existencia de un remanente de agua no utilizado por otros permisionarios. Este cambio de criterio generó suspicacias, ya que hasta el año pasado la misma entidad había ratificado la vigencia de las restricciones por la fragilidad del acuífero.
Según los edictos publicados por la empresa, las perforaciones tendrán una profundidad de 250 metros y un diámetro de 12 pulgadas, destinadas exclusivamente al uso agrícola en un predio ubicado en el kilómetro 1.068 de la Ruta Nacional 7, en el distrito Cacheuta, Luján de Cuyo. Se estima que la superficie a desarrollar podría alcanzar las 600 hectáreas, lo que representa un impacto significativo en la demanda hídrica de la región.
El área elegida para los pozos se encuentra al norte del epicentro histórico del conflicto, y es vecina a establecimientos vitivinícolas y penitenciarios. La subcuenca El Carrizal es conocida por su vulnerabilidad, ya que depende exclusivamente del agua subterránea debido a la ausencia de fuentes superficiales.
La autorización a CRESUD ha sido recibida con preocupación por organizaciones ambientalistas y productores de menor escala, quienes denuncian un trato desigual y alertan sobre el peligro de agotar el recurso en un contexto de crisis hídrica y cambio climático. Además, recuerdan que en 2010 se produjo un escándalo similar, cuando un grupo de empresas accedió a permisos de manera irregular, situación que aún no ha sido completamente resuelta en la Justicia.
Actualmente, se ha abierto un período de 10 días para que la ciudadanía y los actores involucrados presenten objeciones formales al proyecto. Si bien la autorización es, por ahora, de carácter precario y sujeta a la implementación de tecnologías de control y medición de caudales, la decisión final recaerá en el Consejo de Irrigación, donde el oficialismo mantiene la mayoría.
La disputa por el acceso al agua en el oasis norte mendocino pone en evidencia las tensiones entre el desarrollo productivo, la equidad en la distribución de recursos y la necesidad de preservar los ecosistemas. Mientras tanto, la autorización a CRESUD marca un nuevo capítulo en una historia de litigios, decisiones controvertidas y desafíos para la gestión sostenible del agua en Mendoza.
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