Una nueva controversia sacude al Departamento General de Irrigación de Mendoza. Sergio Marinelli, titular del organismo encargado de administrar el recurso hídrico en la provincia, otorgó nueve permisos de perforación en una zona declarada en restricción, favoreciendo a empresarios de peso político y económico, entre ellos, Eduardo Elsztain, vinculado al entorno del presidente Javier Milei.

La entrega de los permisos se concretó en febrero de 2025, a pesar de que en agosto del año anterior, el propio Marinelli había firmado la Resolución 1108, que declaraba la Subcuenca El Carrizal - margen derecha del río Mendoza, en estado de restricción por la vulnerabilidad del acuífero y el impacto de pasivos ambientales generados por la refinería de YPF en Luján de Cuyo. Informes técnicos y científicos habían aconsejado mantener la limitación.

Sin embargo, seis meses después, Marinelli cambió su postura y, mediante la Resolución 125, habilitó las perforaciones con el argumento de que "existen volúmenes remanentes disponibles".

Uno de los principales beneficiarios fue CRESUD S.A., empresa agropecuaria del empresario Eduardo Elsztain, quien durante la campaña electoral de 2023 alojó al entonces candidato Javier Milei en el Hotel Libertador, de su propiedad, durante más de dos meses. CRESUD obtuvo autorización para perforar cinco pozos destinados al riego de 424 hectáreas en Agrelo.

También fueron beneficiadas:

• Chimpay La Rioja S.A., propiedad del empresario coreano Young Woo, que obtuvo dos pozos para regar 150 hectáreas en su emprendimiento Santa María de Los Andes.
  
• Grappolo S.A., bodega del empresario Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina, que recibió un permiso para uso industrial y recreativo.
  
• Pedro García Mateo, autorizado a perforar un pozo para riego de 18 hectáreas.
  

El foco de la discusión es la Subcuenca El Carrizal, ubicada en Agrelo, margen derecha del río Mendoza. Se trata de una zona en la que, desde mediados de 2024 y mediante la Resolución 1108, se estableció una restricción de dos años para nuevas perforaciones.

Frente a los legisladores, Marinelli insistió en que la decisión no infringe la limitación vigente y detalló que la resolución impugnada solo sienta condiciones preliminares: cualquier permiso que se llegue a otorgar podrá ser revocado si se incumplen los requisitos. Además, reiteró que, por ahora, no existe ningún permiso aprobado.