El humorista Juan Cacho Garay (70) fue liberado este miércoles, tras varios meses de audiencias cruciales para determinar su futuro legal. Garay, acusado de violencia de género y abuso sexual contra su expareja, Verónica Macías, había estado bajo arresto domiciliario desde junio de 2023, luego de pasar un año en el complejo carcelario de San Felipe.

La decisión de la jueza Natacha Cabeza de otorgar el cese de la prisión preventiva se basa en la ausencia de riesgo procesal, argumentando que la denunciante reside actualmente en Córdoba. Sin embargo, la libertad del humorista viene acompañada de estrictas medidas cautelares: una caución de $2 millones, prohibición de salir de la provincia de Mendoza, obligación de presentarse a firmar semanalmente, comprobantes de continuidad en tratamiento por violencia de género y una prohibición expresa de hablar públicamente sobre el caso.
La fiscal Mónica Fernández Poblet, junto a los querellantes Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena, se opusieron a la liberación, insistiendo en que Garay debía permanecer detenido. Sus abogados defensores, Daniel Romero y Juan Pablo Ildarraz, habían solicitado el cese de la prisión preventiva desde fines del año pasado.

Juicio Oral: lo que sigue

Si bien Garay recuperó su libertad, la causa continúa y el próximo paso crucial será definir si el caso se eleva a juicio oral. La fiscalía ya ha manifestado que la investigación está completa y lista para un debate público donde se determinará la culpabilidad o inocencia del humorista.
No obstante, la defensa de Garay se opone a esta medida, lo que ha derivado en la programación de nuevas audiencias a partir del 5 de mayo para resolver esta cuestión.

La acusación

La denuncia contra Cacho Garay salió a la luz en abril de 2023, cuando Verónica Macías denunció violencia de género por parte del humorista. Macías relató un incidente ocurrido el 5 de abril en su domicilio en Luján de Cuyo, donde una discusión escaló hasta el punto en que Garay la amenazó de muerte con un arma de fuego.

Un allanamiento posterior en la vivienda del humorista condujo al secuestro de cuatro armas de fuego, dos de ellas aptas para el disparo. Inicialmente liberado, la situación legal de Garay se complicó tras el testimonio ampliado de Macías, quien denunció reiterados abusos sexuales y privación de la libertad. La fiscalía agravó la imputación y ordenó su detención domiciliaria.
Garay enfrenta cargos graves que incluyen amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, abuso sexual con acceso carnal, privación de la libertad agravada y desobediencia a una orden judicial. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de entre 8 y 32 años de prisión.
El caso tomó un giro adicional con la imputación de Sandra Astudillo Staffolani, exempleada legislativa y expareja de Garay. Se la acusa de complicidad en los abusos sexuales cometidos contra Verónica Macías entre 2011 y 2013, incluyendo vejámenes con penetración y la obligación de consumir sedantes.