El abogado penalista Eduardo Gerome, (ex juez de instrucción de la Nación), indicó que "peligra la institucionalidad en la provincia de Mendoza, en el funcionamiento del Poder Judicial. Es que se ha denunciado a ciudadanos sin pruebas y la fiscalía los ha imputado de un delito en esas condiciones, o sea sin pruebas incriminatorias. Esto va en contra de las garantías constitucionales del debido proceso ya que vulnera el derecho a la defensa en juicio. Lo acabamos de ver con lo que ha hecho un fiscal al imputarles el delito de estafa a los directivos de Fecovita por estafas"". 

"Y esto no es casual, lo grave es que con medidas del Ministerio Público Fiscal se presiona a la Federación, se intenta debilitarla y demonizar a los directivos que fueron elegidos por 5000 productores en asamblea democrática", agregó. Según el jurista, el empresario español "lo único que quiere es quedarse con el mercado internacional de Fecovita". 

Gerome continuó diciendo que "lo que busca este empresario español Juan José Retamero y Guillermo García es quedarse con el negocio vitivinícola de 5000 productores agrícolas que hoy exportan al mundo, a través de Fecovita".

Desde Fecovita, según el parecer del abogado penalista de la Federación, aseguran que ven con mucha preocupación estas irregularidades en el actuar de la fiscalía, porque consideran que no procede con la objetividad con que debe hacerlo un funcionario de esa jerarquía, al haber sido imputados de un delito sin pruebas válidas. No sólo se encuentran afectados los directivos sino que también hay mucha molestia y perplejidad en los 5.000 productores que integran la federación, es decir, todos los productores vitivinícolas"

El abogado de Fecovita fue más lejos: "si cualquier mendocino puede ser denunciado e imputado sin una prueba válida y luego un juez no puede revisar esa situación, quedan de lado las garantías que nos otorga la Constitución que tenemos los argentinos". En defensa de las garantías mencionadas, Fecovita ha de requerir el apartamiento del fiscal cuestionado porque pone en riesgo el buen funcionamiento de las instituciones de la provincia y la credibilidad de sus decisiones. Por ello, Gerome finalizó diciendo que "que en Mendoza, corren riesgo el sistema republicano y las garantías constitucionales, donde cualquiera puede quedar imputado, sin las pruebas que correspondan".