Ahora sí, se destapó la olla. Según lo que reveló el gobierno, durante años, la AFIP operó como una oficina de favores para los empresarios y dirigentes amigos del kirchnerismo. Entre los protegidos, figuran nombres que no sorprenden: Cristóbal López, Lázaro Báez, y Ricardo Echegaray, entre otros. Todos ellos beneficiados por una red que les garantizaba impunidad fiscal mientras al resto de los argentinos nos exprimían hasta el último peso.

Hablemos claro: no eran errores ni desprolijidades. Era un sistema armado para proteger a los que financiaron y sostuvieron el modelo kirchnerista. Cristóbal López, por ejemplo, acumuló una deuda millonaria con la AFIP gracias a que retenía el impuesto al combustible que todos pagamos al cargar nafta, pero nunca lo remitía al Estado. ¿Y qué hacía la AFIP? Nada. Ricardo Echegaray, quien debía controlar estas irregularidades, era parte de este entramado de protección. ¡El zorro cuidando el gallinero!

Mientras tanto, el ciudadano común, ese que paga impuestos con esfuerzo, era el que sostenía todo este esquema perverso. Porque mientras estos empresarios contaban con "perdones fiscales" y amparos estratégicos, las pymes se fundían por la presión tributaria, y los trabajadores seguían soportando el peso del ajuste.

Esto no es una simple anécdota de corrupción. Es la prueba de cómo el kirchnerismo utilizó las instituciones del Estado como herramientas para premiar a sus aliados y castigar a sus enemigos. Porque si eras opositor o simplemente no te alineabas, la AFIP te caía con todo. Pero si eras parte del círculo íntimo, te daban vía libre para evadir, robar y seguir financiando al poder de turno.

Ahora que esto salió a la luz, ¿qué va a pasar? ¿Cristóbal López devolverá los 8.000 millones que debería haber pagado? ¿Lázaro Báez rendirá cuentas por sus negocios fraudulentos? ¿O simplemente seguirán amparándose en un sistema judicial que todavía tiene demasiadas conexiones con el poder anterior?

No alcanza con exponer estos escándalos. Hace falta que caigan todos los responsables, desde los empresarios beneficiados hasta los funcionarios que les garantizaron impunidad. Porque si no hay castigo ejemplar, el mensaje para el resto del país será que la corrupción paga y que las reglas son solo para los giles que no tienen un amigo en el poder.

El kirchnerismo dejó un legado de impunidad institucionalizada, y este caso es un recordatorio brutal de cómo destruyeron la confianza en el Estado. Hoy, más que nunca, necesitamos una AFIP, ahora ARCA, que trabaje para todos los argentinos, no para los socios de un proyecto político. Porque ya basta de que los mismos nombres de siempre se queden con el país mientras el resto paga la cuenta.