Alfredo Cornejo vive en carne propia lo que debe considerar que es una injusticia y que, sabe también, es casi irreversible. Su primer año del segundo gobierno tuvo una intensidad de medidas, leyes y transformaciones que supera el impacto de su llegada al poder en 2015. Pero la percepción en la calle y más aún en el grupo de personas influyentes de Mendoza es más tenue. Camino a la década en el centro de la política mendocina es casi ineludible.

Las transformaciones propuestas por el Gobernador comienzan a ponerse a prueba. El propio protagonista, Cornejo, suele repetirlo: no tiene ningún sentido redactar leyes, verbalizar expresiones de deseo y predicar cambios si no se transforman en gestión, en hechos transformadores de vedad. Cornejo cree en los procesos y pide, reclama y grita en realidad, que se evalúe su accionar en ese sentido.

Pues tiempo no ha faltado para evaluar esos resultados, pero en los próximos meses deberían comenzar a cosecharse algunas de las siembras del Gobernador. En el camino hay ganadores obvios y también dificultades. En el ambiente minero, por ejemplo, hay una broma que circula. Dicen, con bastante ironía, que los mineros mendocinos van a pasar frío en la cordillera, pues no están acostumbrados a caminar por esas tierras vírgenes.

Hacen alusión a que en la Provincia por ahora el negocio ha sido siempre de señores y señoras de traje y vestido. De escritorios, portafolios, tribunales y lobby; y no tanto de geólogos, inversores e ingenieros. La política minera de Cornejo entra en esa etapa para demostrar si hay o no cambio de eje para abandonar el negocio inmobiliario que siempre se ejecutó en Mendoza en relación a los recursos naturales no renovables. Ocurrió con el petróleo y también con la minería. Los tiempos perentorios impuestos por el Código de Procedimientos apuntan a que haya inversión real. Pero hubo problemas y hay matices.

Las empresas y estudios jurídicos y contables que se hicieron rápido con propiedades mineras, incluso antes de que el resto de Mendoza supiera lo que ellos sabían, están a la caza de inversores reales para vender o asociarse. No es un camino sencillo, pues el Malargüe DIstritro Minero Occidental es un área con potencial teórico, de alto riesgo y casi nula infraestructura al servicio de la minería. Los valores de esas negociaciones tienen cifras fuera de escala, según explican, para el alto riesgo por delante. También hay una visión crítica del modelo. Mendoza usó como catalizador del proceso, como acelerador, al propio Estado; disimulado con el mascarón de Impulsa Mendoza, empresa que aprovecha lo más ventajoso del sector privado (como usar recursos discrecionalmente) y lo mejor del Estado (no poner en riesgo la supervivencia según resultados y tener protección ante errores). Algo similar, pero más potente que la experiencia de EMESA.

La ambigüedad se notó en el curioso sainete que rodea al proyecto Hierro Indio, una mina de hierro que tendrá a su fundador marginado del negocio. Hay una disputa por las acciones y el objetivo de corto plazo de la empresa. Y el Estado que se sumó para reemplazar la falta de inversión privada, podría quedarse con la empresa bajo el manto de Impulsa Mendoza y, luego, gestionar un pasamanos. El conocimiento de la novedad inquietó en Casa de Gobierno, desde donde reaccionaron epidérmicamente sin darse cuenta que al hacerlo quitaban el maquillaje a la estrategia: se supone que Impulsa no debería tener injerencia del Gobierno. Es lo mismo que ocurre en los movimientos del Distrito Minero, donde la intervención de actores vinculados a la política genera distorsiones. La herramienta usada para destrabar la promoción de la minería, tiene dificultades.

Los primeros 34 proyectos deberían comenzar a trabajar pronto. Antes, debían precisar ubicación, tareas, responder inquietudes y, sobre todo, conseguir financiamiento. La concentración de proyectos en pocas manos hace que, como ocurrió en otros temas, también hay dependencia del éxito o fracaso de esos dueños. Antes del aval legislativo, los propios empresarios reconocían cómo se sobrevaluarían los activos que ya tenían entre sus manos sin más inversión que la velocidad para llegar a la Dirección de Minería para el registro.

Como sea, los activos que concentraron los propietarios del Distrito Minero son los primeros grandes ganadores del primer año de Cornejo en el poder. Algunos, con un derecho de piso legítimo, como los geólogos que hicieron trabajos previos y vendieron sus propiedades a empresas canadienses. Otros, por el privilegio de haber estado cerca del poder. Aunque parezca natural, no es tan convencional la coincidencia en la propiedad de los permisos, la coincidencia en los protagonistas de la gestión política y empresaria y sí hay algún temor para que se esquive el mismo resultado de los procesos anteriores, es decir la frustración. Es lo que pasó con la intervención estatal de IMPSA, con algunos de los emprendimientos de EMESA (Portezuelo del Viento como principal fracaso), el destino del proyecto Potasio Río Colorado original, entre otros.

En el horizonte hay un nuevo tema relevante, impulsado por la Nación. En realidad no es novedad, sino que pone de relieve problemas y oportunidades con las que Mendoza convive. El plan nuclear lanzado por Javier Milei tiene a la Provincia como protagonista, pues toda la cadena de valor de esa industria está instalada y tiene historia; positiva y negativa. Mientras hay dudas y se analiza el cobre que pueda tener la cordillera, hay certeza sobre otro mineral abundante: el uranio. De hecho muchos de los proyectos que tienen potencial de cobre, tienen la certeza de la presencia de uranio.

Hubo movimientos en ese sentido en los últimos meses, para actualizar cateos y averiguar el potencial. Mendoza también tiene la planta de procesos Sierra Pintada, donde están almacenados los pasivos ambientales de la época de la producción y también desechos traídos de Dioxitec, que son parte del mal manejo minero de pasado. El plan de remediación, que incluye la puesta en funcionamiento de la planta, no avanzó más allá de los diagnósticos. En el horizonte de la Nación está la reapertura de la mina, una idea que comparte con el plan Nuclear lanzado por Néstor Kirchner en 2004 y que Mendoza le puso freno vía judicial: se determinó que hasta que no se saneen todos los pasivos, no se podía evaluar la reapertura de la producción. Luego vino la ley 7722 que prohíbe el uso de algunas sustancias en la minería, norma que impide por ahora la lixiviación que se hacía en Sierra Pintada (sí se haría para el saneamiento). El plan incluye el reimpulso de los reactores modulares, como el CAREM. Parte de esa tecnología se desarrolló en Mendoza, particularmente en IMPSA, la empresa que busca ser reprivatizada por Javier Milei y que vive horas decisivas.

Más ganadores

En el esquema de poder hay ganadores del modelo local cuyo éxito se sale de rango. Es lo que ocurre con algunas empresas de servicios públicos, que tuvieron ganancias exorbitantes respecto a cualquier otro negocio. En el Gobierno explican que no es "pecado" que a las empresas le vaya bien y bregan porque así sea. Pero la diferencia en el rango de éxito es enorme: en un contexto de recesión y de costos crecientes, muchas empresas productivas tuvieron problemas. Otras, con negocios relacionados a concesiones, fueron por otro carril. La distribuidora EDEMSA es el ejemplo extremo. En 9 meses tuvo una ganancia bruta de 100.495 millones de pesos, casi un 200% más que la ganancia del año anterior. El resultado operativo positivo superó en ese período los 54.392 millones de pesos. "Se continúan consolidando las mejoras en la situación económica, financiera y patrimonial de la empresa. El incremento obedece principalmente a los aumentos tarifarios correspondientes al sexto periodo tarifario que tuvieron una aplicación gradual y progresiva en noviembre de 2023 y febrero de 2024. Adicionalmente hubieron (sic) adecuaciones de VAD escalonadas", describen en su balance.

Edemsa es la gran ganadora del año.

El impacto de los acuerdos firmados durante la gestión radical anterior, que comparte gran parte de los funcionarios, es desproporcionado y sembró bienestar en ese negocio. "Los acuerdos celebrados en el ejercicio 2023 contribuyeron a mejorar sustancialmente la situación económica, financiera y patrimonial y seguirán impactando en ejercicios futuros", dicen en EDEMSA.

Mendoza tenía un problema de energía; por falta de generación, pero sobre todo por problemas en el transporte y la distribución. La falta de interés nacional y de inversión privada, fue reemplazada por la inversión del Estado, impronta que será profundizada en los próximos años. El mismo grupo empresario, con sus ramificaciones diversas, tiene la lupa puesta por lo que finalmente pueda hacer con Potasio Río Colorado, para ver si antes del primer semestre puede tener algún resultado simbólico de producción; mientras el Estado ejecutar la línea eléctrica necesaria y también destraba algún proyecto para la logística del transporte.

Siguiendo en la línea de los servicios públicos, la ecuación que no cambia es la del transporte público de pasajeros. La mejora en el servicio (comparada consigo mismo) es motivo de orgullo del Gobernador. Todo a costa de inversión y riesgo estatal. Ese servicio, que es oligopólico por naturaleza en todo el país, elevó sus costos de manera importante. Casi 3 mil pesos por "pasajero" y con desequilibrios internos. Las empresas tuvieron su 10% de renta sin riesgo y el Estado recalcula para afrontar la suba del 64% que se avecina.