En 2017, un docente se declaró culpable y fue condenado a tres años de prisión en suspenso tras un juicio abreviado por abuso sexual simple agravado, dado su rol de educador y responsable de la guarda de los estudiantes. A pesar de la condena, el docente permaneció en libertad y el expediente fue archivado. Sin embargo, la fiscal de Delitos Sexuales, Virginia Rumbo, revisará este antecedente en el marco de las investigaciones actuales sobre denuncias de abuso en las escuelas Edison y Lamas.

Ante el impacto del caso, Daniela García, de la Dirección General de Escuelas (DGE), anunció la implementación de reformas administrativas que impedirán a los docentes condenados por delitos, especialmente de índole sexual, volver a ejercer. Además, la DGE creará un registro de docentes inhabilitados debido a sentencias por diversos delitos, que incluirá desde maltrato hasta abuso.

En 2022, se estableció que los docentes suplentes debían presentar certificados de antecedentes penales al postularse en instituciones educativas. Para el ciclo lectivo 2025, la medida se extenderá a docentes titulares, directivos y personal no docente, garantizando un filtro más riguroso en el ámbito educativo, según informó Diario UNO.