Parecía probable que la Corte Suprema de Estados Unidos preservara el acceso a la píldora abortiva mifepristona, luego de los argumentos del martes en los que los jueces sugirieron que proteger a los médicos que se oponen al aborto no era justificación suficiente para revertir el acceso al medicamento.

El caso es la primera cuestión importante sobre el aborto que llega a la Corte Suprema después de que ésta anuló Roe vs. Wade hace dos años, rescindiendo el derecho constitucional de las mujeres a poner fin a embarazos no deseados antes de la viabilidad fetal que los jueces habían reconocido en 1973.

Si bien la decisión de 2022 convirtió la regulación del aborto en gran medida en una cuestión de ley estatal, el caso del martes tiene el potencial de restringir el acceso al aborto con medicamentos, la forma más común de procedimiento, incluso en estados que protegen los derechos reproductivos.

El caso fue presentado por Alliance Defending Freedom, un grupo conservador cristiano que ayudó a derrocar a Roe, en nombre de médicos y asociaciones médicas que se oponen al aborto y que durante mucho tiempo han luchado para reducir la disponibilidad de mifepristona. Debido a que las píldoras pueden enviarse por correo y autoadministrarse, los grupos antiaborto temen que la mifepristona pueda ayudar a las mujeres a burlar las prohibiciones del aborto en estados que han prohibido el procedimiento.

Erin Hawley, abogada de la organización, ganó un fallo de un tribunal inferior que volvió a imponer restricciones a la mifepristona que habían estado vigentes desde 2000, cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó por primera vez el medicamento, hasta 2016, cuando la agencia dijo que la investigación demostró que las reglas se podían relajar de manera segura. La orden -en suspenso mientras está pendiente la apelación de la Corte Suprema- requeriría nuevamente que las mujeres realicen tres visitas en persona para obtener un aborto con medicamentos.

El martes, sin embargo, se enfrentó a cuestionamientos escépticos incluso por parte de algunos jueces que votaron a favor de anular a Roe.

El juez Neil Gorsuch cuestionó por qué el caso debería afectar a alguien más que a los médicos involucrados, quienes según la ley federal pueden estar exentos de cualquier obligación de tratar a un paciente con mifepristona.

“Este caso parece un excelente ejemplo de cómo convertir lo que podría ser una pequeña demanda en una asamblea legislativa a nivel nacional sobre una norma de la FDA”, dijo Gorsuch.

Hawley dijo que sería impracticable limitar una orden judicial a proteger a los demandantes individuales. La naturaleza impredecible del trabajo en la sala de emergencias, argumentó, significa que los médicos aún correrían el riesgo de encontrarse con una paciente con mifepristona.

El marido de Hawley, el senador Josh Hawley (republicano por Missouri), observó el argumento desde la galería de visitantes, al igual que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien presentó un escrito respaldando a la FDA en nombre de unas dos docenas de estados y el Distrito de Columbia.

La procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, en representación de la administración Biden, dijo al tribunal que la ley federal ya protege a los médicos con objeciones morales al aborto de tener que realizar o ayudar con abortos y que todo el caso debería ser desestimado.

Pero incluso si el tribunal determinara que los médicos tenían capacidad legal para demandar, dijo Prelogar, no había base para dudar del juicio científico de la FDA de que la mifepristona podría dispensarse de manera segura de la misma manera que otros medicamentos recetados: mediante cita médica remota con entrega desde una farmacia de pedido por correo o recogida en una farmacia como CVS o Walgreens.

“La agencia se basó en docenas de estudios que involucraron a decenas de miles de mujeres”, dijo. Permitir que prevalezca la demanda “perturbaría gravemente el sistema federal para desarrollar y aprobar medicamentos, perjudicando a la agencia y a la industria farmacéutica”, señaló.

El juez Samuel Alito, que redactó la opinión de 2022 que rescindía el derecho al aborto, Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, cuestionó si la FDA tenía derecho a tal deferencia.

“¿Crees que la FDA es infalible?”, le preguntó a Jessica Ellsworth, abogada del fabricante de mifepristona Danco Laboratories. “¿Alguna vez la FDA aprobó un medicamento y luego lo retiró” después de descubrir problemas de seguridad?, dijo él.

Ellsworth afirmó que tanto la agencia como el fabricante monitorean el uso del medicamento y tomarían medidas si surgieran riesgos. Los fabricantes de medicamentos, dijo, son responsables de los productos defectuosos y con frecuencia son demandados por personas que afirman haber sufrido daños.