En busca de la verdad
En busca de la verdad
La información surge de los últimos informes de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) publicados en 2023 con datos a 2022; involucra a 13 de las 29 compañías no financieras de la administración del Estado nacional; varias de ellas están incluidas en el listado "privatizable" del proyecto de Ley de Bases
Las empresas señaladas son Enarsa, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Nucleoeléctrica, Arsat, Contenidos Públicos, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, INTEA, Polo Tecnológico Constituyentes, Fabricaciones Militares, Fadea y Corredores Viales. Entre ellas predominan las observaciones de la Sigen sobre obras públicas puntuales, contrataciones y compras sin documentación respaldatoria, ociosidad de empleados, deudas no cobradas con entidades del Estado que comprometería la operación de la compañía y la utilización de equipamiento viejo que provocaría riesgos en el servicio brindado.
Esta información está basada en los últimos informes de Sigen, publicados durante 2023, que hacen referencia a 2022. Las auditorías sobre el ejercicio del año pasado aún no fueron publicadas porque el organismo actualmente trabaja en ellas.
La Sigen calificó como "de carácter irregular" la suspensión de obras del Gasoducto NEA. "Fue decidida sin efectuar el análisis pertinente respecto de las consecuencias de la misma", informó. Además, la auditoría indica que la determinación habría sido comunicada a las firmas contratistas antes de que el Directorio de la compañía haya tomado tal decisión. En ese sentido, afirma haber verificado inconsistencias en la entrega y registro de los bienes en posesión de los contratistas.
Otra auditoría realizada por la Sigen describe "graves deficiencias" en la gestión de documentación de respaldo correspondiente a la obra de Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Pte. Néstor Kirchner y Gdor. Jorge Cepernic. Según el informe, dicha situación "impide conocer la operatoria real de los distintos procesos sustantivos y de apoyo que conforma la ejecución de la obra". En otras palabras, lo que sostuvo dicho organismo de control es que esto dificultaría conocer el grado de avance del proyecto, que tal como admiten desde Enarsa, ha sufrido marchas y contramarchas.
Sobre estas observaciones, desde la empresa comentaron a LA NACION: "Son materia de revisión. Las irregularidades que se detecten serán llevadas a los ámbitos que corresponda".
El informe resaltó el desembolso de $101.524.955 en concepto de intereses por retrasos en un pago durante la gestión de Malena Galmarini. "Falta evidencia de un análisis de los motivos que justifiquen las causas por las cuales se han abonado fuera de término", sostiene la auditoría. Se trata de órdenes de compra correspondientes a obras del Sistema Riachuelo.
Un dossier de la Unidad de Auditoría de la compañía adjudicó dichas demoras a la pandemia. El equipo de prensa de Malena Galmarini convalida esa versión. Pese a esto, el organismo de control no pudo corroborar la existencia de un análisis de los motivos que ocasionaron el pago fuera de término y, en consecuencia, el de esos intereses.
La auditoría resalta la contratación de bienes y servicios bajo la modalidad de pagos sin contrato. Dichas erogaciones alcanzan los $77.798.796,79. "Realizar pagos bajo esta modalidad implica un desvío del procedimiento que debe tener carácter excepcional y debe estar debidamente justificado", señala el informe. Precisamente, en él se advirtió la falta de justificación técnica sobre la razonabilidad del bien o servicio contratado. Las por entonces autoridades de la empresa no emitieron comentarios ante la consulta de LA NACION.
El informe habla de demoras en las emisiones de órdenes de compra que producen consecuencias adversas como la falta de planificación y de facturación a tiempo. Pero, además, soslaya que otro efecto negativo se refleja en "horas subutilizadas", que afectan el costo de ventas en $1.576.412.008. "Dicha ociosidad corresponde al costo laboral (horas de trabajo valorizadas) que no fueron asignadas a órdenes productivas, sino a tareas de asistencia al área de producción", explicó.
Fuentes de la empresa contactadas por LA NACION admitieron una "ralentización de la producción" en relación con la supuesta ociosidad e informaron que la compañía actualmente desarrolla una auditoría para conocer el grado de ejecución de todos sus contratos.
"Se observan omisiones e irregularidades respecto de la operatoria", describió la Sigen. Sostiene que se habría incumplido el procedimiento establecido por el reglamento de compras y contrataciones de la compañía. "No se pudo constatar el reintegro por parte del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos a RTA SE por la suma total de $7.323.666, correspondientes a las órdenes de pago objeto de la presente auditoría.", indicó.
La por entonces presidenta de la empresa, Rosario Lufrano, remitió documentación a LA NACION que muestra que dicha observación hace referencia a la gestión anterior. De todos modos, hasta el último informe de la Sigen, ese dinero continúa sin aparecer.
.png)