La Junta de Comisionados vota el 17 de noviembre una ordenanza que también obliga a los operadores a monitorear sus dispositivos en tiempo real e informar incidentes en 24 horas
En Miami-Dade, los pequeños dispositivos autónomos que transportan comidas y paquetes por las veredas del condado operan hoy sin una regulación local específica.
La industria creció con rapidez y el marco normativo no siguió el mismo ritmo: hasta ahora, solo la ley estatal de Florida establece algunas bases mínimas de operación. Eso podría cambiar en los próximos días.
La Junta de Comisionados del Condado tiene previsto votar el 17 de noviembre una ordenanza que crearía un sistema regulatorio propio, con permisos, límites de velocidad diferenciados, restricciones por zona y un esquema de multas para quienes incumplan las reglas.
De aprobarse, entraría en vigencia 10 días después, salvo que la alcaldesa ejerza su derecho a veto, tal como recoge el texto del proyecto publicado por el condado.
Un hombre de pie ante un atril habla frente a un panel semicircular con varios funcionarios sentados en una sala alfombrada
El cuerpo legislativo del condado tiene en su agenda una de las primeras regulaciones locales para robots de reparto en el sur de Florida (Board of County Commissioners)
De acuerdo con el texto de la norma, los robots podrán circular a un máximo de 12,8 kilómetros por hora (8 mph) en veredas de uso general. En zonas de alta circulación peatonal, el tope baja a 9,6 km/h (6 mph).
En los cruces peatonales, el límite asciende a 16 km/h (10 mph), aunque el dispositivo debe detenerse por completo antes de ingresar a la intersección.
Los peatones tendrán prioridad de paso en todo momento. Además, los robots no podrán permanecer inmóviles en la vereda por más de 30 minutos, salvo que estén en plena entrega o ubicados en zonas que el condado habilite para esperas prolongadas.
Tampoco podrán obstruir cruces peatonales, rampas para sillas de ruedas, hidrantes, paradas de transporte público ni zonas de carga y descarga de autobuses, según consta en el proyecto.
La velocidad, la zona y el momento del día determinarán si un robot puede o no estar en la vereda
Uno de los puntos centrales de la ordenanza es el sistema de permisos de operación. En las zonas no incorporadas del condado, los operadores deberán solicitar la habilitación ante el gobierno del condado; dentro de cada municipio, deberán tramitarla ante la ciudad correspondiente. Los permisos tendrán una vigencia de hasta un año.
Al momento de la solicitud, los operadores tendrán que identificar cada robot, describir el área donde operará e incluir un contacto disponible las 24 horas.
Además, deberán supervisar sus dispositivos en tiempo real e informar al condado, dentro de las 24 horas, cualquier incidente que cause lesiones o daños materiales, de acuerdo con la norma.
La medida también autoriza que los robots exhiban publicidad comercial, pero bajo acuerdos separados que requerirán aprobación de los comisionados. La versión inicial del proyecto solo permitía mostrar el nombre del operador en el dispositivo; fue el Comité de Transporte el que introdujo este cambio en octubre, según el Miami Times.
El régimen sancionatorio distingue entre tipos de infracciones. Operar sin el permiso requerido o sin el seguro correspondiente tendrá una multa de USD 500. Cualquier otra violación costará USD 250 en la primera instancia y USD 500 si se reitera, de acuerdo con el texto de la ordenanza.
La ley de Florida ya exige que los operadores mantengan una cobertura mínima de seguro de USD 100.000 por daños vinculados con sus dispositivos, según consta en el texto.
Los robots tampoco podrán circular durante los horarios en que rige el límite de velocidad en zonas escolares.
Las multas no son el único mecanismo: operar sin permiso o sin seguro conlleva consecuencias distintas a las de otras infracciones
Un análisis de impacto fiscal elaborado por el viceintendente Roy Coley estimó que aplicar la ordenanza requeriría contratar dos nuevos inspectores de transporte de pasajeros y un empleado administrativo, con un costo combinado de USD 251.773 anuales en salarios y beneficios, tal como consta en el análisis fiscal del condado.
El mismo informe advirtió que los ingresos por permisos y multas podrían no alcanzar para cubrir ese gasto. "Los ingresos por permisos podrían ser limitados a menos que la industria se expanda de forma sustancial, y las sanciones civiles no deben considerarse una fuente de financiamiento confiable", sostuvo Coley en el memorando, citado por el diario.