El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, luego de una nueva derrota parlamentaria que terminó de profundizar la crisis política que atraviesa su gestión.

La decisión llegó después de que el Congreso rechazara los dos decretos ley impulsados por el Ejecutivo en materia de vivienda. Las iniciativas no consiguieron superar el bloqueo de PP, Vox, UPN y Junts, cuyo voto volvió a ser determinante para frustrar los planes del oficialismo.

Desde La Moncloa, Sánchez defendió el recorrido de su Gobierno durante los últimos años y reconoció las dificultades para avanzar con sus iniciativas en un Parlamento cada vez más fragmentado. Además, planteó que la próxima elección definirá qué rumbo quiere tomar España frente al crecimiento de las fuerzas de derecha y ultraderecha.

El conflicto por la vivienda se convirtió en las últimas semanas en uno de los principales focos de tensión social. El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desalojada de la vivienda en la que había residido durante más de siete décadas, generó una fuerte conmoción y derivó en protestas multitudinarias.

Las imágenes del operativo para concretar el desalojo provocaron repercusión internacional y dieron impulso a una serie de movilizaciones. En Madrid, miles de personas instalaron una acampada en la Puerta del Sol, mientras las protestas comenzaron a replicarse en otras ciudades españolas.

En ese contexto, el Ejecutivo presentó dos decretos con nuevas medidas vinculadas al mercado inmobiliario. Uno de ellos incluía protecciones contra los desahucios hasta fines de 2030, restricciones a determinadas operaciones especulativas y cambios impositivos para viviendas destinadas al turismo. El segundo buscaba establecer mayores obligaciones para los propietarios que decidieran no renovar contratos de alquiler.

Sin embargo, las negociaciones de último momento no alcanzaron. Sumar, Podemos y ERC acompañaron ambos proyectos, mientras que el PNV y Coalición Canaria respaldaron únicamente una de las propuestas. Junts, que aparecía como una fuerza decisiva para destrabar la votación, finalmente rechazó los textos.

La oposición cuestionó duramente las medidas. Desde el PP sostuvieron que las iniciativas perjudicaban a los propietarios y no solucionaban uno de los principales problemas del mercado inmobiliario español: la falta de oferta de viviendas.

Tras la derrota legislativa, Sánchez mantuvo durante el fin de semana reuniones con integrantes del Gobierno y asesores cercanos para analizar los pasos a seguir. Finalmente, optó por disolver anticipadamente la legislatura y convocar a los españoles nuevamente a las urnas.

Dentro del PSOE consideran que la vivienda puede transformarse en uno de los principales ejes de la campaña electoral, con la intención de recuperar a una parte del electorado progresista que en las últimas elecciones regionales optó por la abstención.

De esta manera, España volverá a votar el 29 de noviembre, en unos comicios que estarán atravesados por la crisis habitacional, la fragmentación parlamentaria y la disputa entre el oficialismo y la oposición por el futuro político del país.