La policía de Bolivia detuvo al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y al fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos, apenas dos días después de que el gobierno de Estados Unidos les cancelara sus respectivas visas bajo acusaciones de corrupción, protección a delincuentes violentos y nexos con el narcotráfico. El arresto de ambos funcionarios se concretó en el aeropuerto de Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz, según reportaron medios locales, desatando una profunda crisis institucional en el Ministerio Público.

Tras la caída de Mariaca -quien había asumido el cargo designado por el Congreso en octubre de 2024-, la Fiscalía General emitió un comunicado para informar que Luis Montaño Morales, el fiscal superior con mayor antigüedad, asumirá el cargo de manera interina hasta que el Poder Legislativo defina una nueva autoridad. Hasta el momento, las autoridades bolivianas no detallaron los motivos exactos ni la orden judicial bajo la cual se ejecutó la captura de los funcionarios.

La caída de la cúpula fiscal ocurre en el marco de una serie de investigaciones de alto impacto y fuertes disputas políticas. La oficina de Mariaca tenía a su cargo expedientes muy sensibles, entre ellos el proceso contra el consultor argentino Fernando Cerimedo -exasesor vinculado a varias campañas en la región y detenido por el ataque armado y tentativa de homicidio contra su expareja, la abogada Nadia Beller, además de causas por enriquecimiento ilícito y lavado de activos-.

La detención generó inmediatas reacciones políticas. El expresidente Evo Morales denunció en sus redes sociales un supuesto plan orquestado desde Estados Unidos para presionar políticamente y proteger a figuras del actual gobierno boliviano, liderado por Rodrigo Paz, a través de la liberación de Cerimedo. Por su parte, el propio Mariaca rechazó las acusaciones de Washington y vinculó las sanciones con las implicaciones internacionales de las causas investigadas por la fiscalía a su cargo.

Los arrestos forman parte de una ofensiva más amplia en la que el Departamento de Estado estadounidense sancionó a más de una veintena de funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia y Ecuador por corrupción y vínculos con redes criminales. En el caso boliviano, el gobierno de Paz busca estrechar lazos con la administración norteamericana, habiéndose sumado en marzo de este año a la alianza continental denominada Escudo de las Américas. 

Desde Buenos Aires, el canciller argentino, Pablo Quirno, reaccionó ante los operativos y expresó su total respaldo al presidente boliviano en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, reafirmando el compromiso conjunto de ambos países dentro de la alianza regional por la seguridad hemisférica.