La Sala I ratificó la medida dictada en primera instancia por el juez Sebastián Ramos y mantuvo el embargo de $5 millones sobre los bienes del diputado nacional. La causa investiga los incidentes ocurridos el 7 de junio de 2025 en el inmueble porteño.
La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el procesamiento del diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois por su participación en la toma del Instituto Juan Domingo Perón, ocurrida el 7 de junio de 2025, y ratificó el embargo de $5 millones dispuesto sobre sus bienes. La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes rechazaron la apelación presentada por la defensa del dirigente político.
La causa investiga el ingreso al inmueble ubicado en la calle Austria, en la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionaba el instituto hasta su cierre mediante el Decreto 346/25. Según destacó el tribunal, un día antes de los incidentes Grabois había difundido una convocatoria a través de sus redes sociales para concurrir al edificio bajo la consigna de defender el lugar y el tradicional bar adjunto. Los camaristas consideraron que los testimonios policiales y los registros audiovisuales permitieron ubicar al dirigente al frente del grupo que ingresó al edificio estatal, donde se produjeron daños y se desatendieron las órdenes de desalojo.
Frente a los planteos de la defensa, que sostenía que se había responsabilizado al dirigente por su condición política y pública, la Cámara rechazó esa interpretación y remarcó que la imputación se sustenta estrictamente en las conductas desplegadas durante los hechos.
La resolución ratifica así el temperamento adoptado a fines de junio por el juez federal Sebastián Ramos, quien dio por acreditada, con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal, la entrada sin autorización al inmueble y la permanencia ilegal en el predio. En la misma línea, el tribunal confirmó el procesamiento de Valentín Peralta, otro de los participantes de la protesta, manteniendo sobre sus bienes un embargo de $1 millón, mientras la calificación jurídica continúa su curso de manera provisoria de cara a las próximas instancias del expediente.