El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo este lunes en Washington una reunión de trabajo con el jefe de la misión diplomática estadounidense en La Habana, Mike Hammer, con el propósito de evaluar la situación social en la isla y supervisar los mecanismos de implementación del paquete de USD 100 millones en ayuda humanitaria dispuesto por la administración de Donald Trump.

El programa de asistencia, que comenzó a desplegarse durante el segundo semestre del año, se enfoca en la provisión directa de alimentos básicos, kits de higiene y soluciones para el acceso a agua potable dirigidos a sectores vulnerables. Para garantizar que los suministros no sean interceptados ni administrados por la dictadura de Miguel Díaz-Canel o por GAESA -el conglomerado empresarial dependiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias-, Washington estructuró un circuito de distribución alternativo que opera mediante Cáritas, organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica y entidades no gubernamentales seleccionadas.

Durante el cónclave, Hammer brindó un informe detallado sobre el escenario interno de Cuba, marcado por el deterioro de los servicios básicos y la pérdida del sostén energético y financiero que históricamente proveía Venezuela. Frente a este panorama, Rubio ratificó que las medidas coercitivas y las restricciones contra funcionarios y empresas del aparato militar se mantendrán vigentes de forma estricta hasta que se inicien reformas democráticas y estructurales.

En declaraciones previas, el titular de la diplomacia estadounidense remarcó que el régimen no dispondrá de alternativas para evadir las sanciones vigentes, advirtiendo que la postura de Washington se mantendrá firme durante los dos años y medio restantes del mandato presidencial. Con la supervisión directa de este esquema de auxilio civil, la Casa Blanca busca asistir a la población civil sin otorgar margen de maniobra económica a las estructuras gubernamentales de La Habana.