A solo nueve meses de asumir la presidencia de Bolivia, Rodrigo Paz enfrenta un desafío político crucial: conseguir apoyo legislativo para sus reformas económicas de mercado. Su coalición de gobierno muestra signos de fractura mientras busca atraer capitales privados, reducir la intervención estatal en sectores estratégicos como energía y minería, y recuperar el crecimiento económico.

El 11 de agosto, el Ejecutivo enviará al Congreso una nueva Ley de Inversiones, la primera de una serie de iniciativas que incluyen modificaciones impositivas y de regalías. Estas reformas son clave para sostener un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s1.900 millones.

El Gobierno planea reformular las industrias del petróleo y el gas, reduciendo la participación de empresas públicas y abriendo el sector al capital privado. Proponen limitar la suma de impuestos y regalías para compañías energéticas a un 50% para mejorar la competitividad. El plan también contempla incentivos para nuevos proyectos de exploración, una menor participación de la petrolera estatal YPFB, y busca reforzar la seguridad jurídica para inversores, garantizando contratos y permitiendo mayor participación privada en la generación y comercialización de electricidad.

El debate parlamentario medirá el poder político de Paz. Aunque el MAS se debilitó en las elecciones de 2025, el Congreso está dividido entre seis bloques de centroderecha con prioridades diferentes. Analistas como Andrés Gómez señalan la necesidad de que el gobierno forme una coalición, ya que la fragmentación legislativa obliga a Paz a negociar cada proyecto individualmente. Carlos Alarcón, de la Alianza por la Unidad, critica al gobierno por pedir préstamos sin cambiar el modelo económico.

Las tensiones también afectan al gobernante Partido Demócrata Cristiano (PDC), con diferencias entre Paz y el vicepresidente Edman Lara, y la salida de algunos dirigentes. Sin embargo, la diputada del PDC, Claudia Bilbao, asegura que continúan las conversaciones con todas las fuerzas políticas para sacar al país adelante.

La capacidad del gobierno para avanzar con las reformas también se ha visto afectada por la conflictividad social. A principios de año, los intentos de reducir el gasto público y eliminar los subsidios a los combustibles provocaron protestas y bloqueos de rutas, evidenciando los límites políticos para un ajuste económico profundo.

La economía boliviana atraviesa un escenario delicado, con una posible contracción del 3,3% en 2026 según el FMI, reducción de la producción de gas natural, escasez de reservas internacionales y un déficit fiscal superior al 10% del PIB.

En julio, el gobierno acordó un programa de tres años con el FMI por u$s1.900 millones, pendiente de aprobación legislativa y del Directorio Ejecutivo del organismo. De concretarse, sería el primer programa plurianual de Bolivia con el FMI desde 2006 y podría facilitar el acceso a u$s5.000 millones adicionales de organismos multilaterales.

El senador Branko Marinkovic, de la Alianza Libre, considera indispensable la nueva financiación, pero advierte que el crédito por sí solo no resolverá los problemas estructurales. Especialistas como Jonathan Fortun, economista sénior del Instituto de Finanzas Internacionales, coinciden en que el valor principal del acuerdo radica en la posibilidad de recuperar el acceso de Bolivia a otras fuentes de financiamiento.

El programa con el FMI y el paquete de reformas económicas enfrentarán un fuerte escrutinio legislativo en un Congreso fragmentado, donde el oficialismo carece de una mayoría automática. El diputado opositor Alejandro Reyes anticipa que los legisladores exigirán transparencia y rendición de cuentas sobre el destino de los nuevos fondos y las condiciones de los acuerdos. El avance de las reformas mostrará la capacidad de Rodrigo Paz para construir acuerdos políticos y sostener un programa económico que busca modificar profundamente el modelo boliviano de las últimas dos décadas.