Según determinó la parte acusadora, estas personas -cuyos nombres no fueron difundidos- estarían vinculadas a Morales y son investigadas por su presunta responsabilidad en delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad del Estado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos.

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De acuerdo con medios locales, la investigación se enmarca en las causas abiertas por los bloqueos de rutas registrados entre mayo y junio, una protesta que mantuvo interrumpidas distintas vías del país durante 53 días.

Las manifestaciones comenzaron a perder intensidad recién cuando la Central Obrera Boliviana acordó iniciar un diálogo con el Gobierno. Sin embargo, otras organizaciones, como la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, decidieron continuar con las protestas.

Frente a ese escenario, el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción con el objetivo de, según sostuvo, "devolverle la normalidad" al país, una medida que finalmente desactivó las movilizaciones.

Por su parte, Morales aseguró que es víctima de una "brutal persecución judicial y política", que -según afirma- comenzó en 2024, cuando fue investigado por una presunta relación sentimental con una menor de edad, de la que habría nacido una hija.

Tanto el exmandatario como su defensa rechazaron esas acusaciones y sostuvieron que la otra parte involucrada presentó documentación que desacredita la denuncia, por lo que insisten en que el proceso responde a motivaciones políticas.

Fuente: Ámbito Financiero