Más de diez naciones expresaron su preocupación por la decisión que tomó el gobierno de Donald Trump.
Estados Unidos impuso nuevos aranceles del 10% al 12,5% a importaciones de más de 80 países, alegando falta de controles contra el trabajo forzoso. La medida generó rechazo global y provocó respuestas diversas de los países afectados. Estos aranceles, efectivos desde el 24 de este mes, reemplazan uno temporal del 10% y se basan en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, tras un revés legal en febrero que declaró inconstitucionales aranceles indiscriminados.
Países como Canadá, la Unión Europea, India, Reino Unido y Argentina, con prohibiciones o compromisos contra el trabajo forzoso, enfrentan un arancel del 10%. China, Japón, Corea del Sur y otros, uno del 12,5%. Algunos bienes, como acero y aluminio, mantienen sus aranceles específicos.
Brasil y Chile cuestionaron la justificación. Brasil acusó a EE. UU. de usar el trabajo forzoso como excusa proteccionista, elevando el arancel total sobre sus exportaciones al 37,5%. Chile, por su parte, argumentó tener una "sólida institucionalidad laboral" y buscará ser excluido de la lista.
Japón, Corea del Sur y Australia reclamaron el respeto a acuerdos vigentes. Japón calificó la decisión de "lamentable" y recordó un acuerdo bilateral de 2025. Corea del Sur busca mantener un arancel pactado del 15%. Australia, con medidas robustas contra el trabajo forzoso, considera los gravámenes "injustificados" e "incompatibles" con su acuerdo de libre comercio.
México, Nueva Zelanda, Filipinas, Canadá y Panamá también reaccionaron. México, gracias al T-MEC, mantendrá el 85% de sus exportaciones con arancel cero. Nueva Zelanda criticó la falta de pruebas y los altos costos. Filipinas expresó preocupación por el 12,5% y la poca claridad de los argumentos. Canadá negocia para evitar un arancel del 50% en agosto. Panamá celebró su exclusión de la lista.