La administración de Donald Trump reemplazará un gravamen que vence este viernes por un recargo basado en normas del organismo comercial estadounidense. La medida impacta a sus principales socios globales bajo el argumento de combatir el uso de trabajo forzado.
El gobierno de Estados Unidos pondrá en marcha este viernes una nueva barrera comercial que impondrá un recargo aduanero mínimo del 10% a una lista de 60 naciones, entre las cuales figura la Argentina. La resolución fue ratificada por la Oficina del Representante Comercial (USTR), que justificó los gravámenes en los resultados de una serie de informes oficiales sobre políticas laborales en los países proveedores del mercado norteamericano.
El paquete de medidas alcanza al 99,4% de las compras que realiza la principal economía del mundo y busca suplir una norma que expiraba en la misma jornada. La estrategia del presidente Donald Trump se vio reconfigurada luego de que la Corte Suprema invalidara en febrero pasado sus aranceles generalizados por considerarlos inconstitucionales.
Ante ese freno judicial, el Ejecutivo estadounidense reformuló la ofensiva amparándose en investigaciones técnicas de la Sección 301 de su legislación comercial, un mecanismo que otorga mayor sustento legal frente a eventuales reclamos internacionales.
El nuevo esquema establece distintas escalas según la situación de cada nación. En el grupo alcanzado por el gravamen del 10% -que incluye a la Argentina junto a socios regionales como México, Canadá y Ecuador, además del Reino Unido e India- la USTR contempló la existencia de acuerdos recíprocos de comercio o de marcos regulatorios previos que prohíben el trabajo forzado, como el tratado bilateral suscripto entre Buenos Aires y Washington en febrero pasado. No obstante, para otros bloques y mercados como la Unión Europea, Taiwán, Japón y Corea del Sur, las tarifas se elevarán hasta un máximo del 12,5%.
Desde la representación comercial estadounidense admitieron abiertamente que la aplicación de estas trabas arancelarias, combinada con la renegociación de convenios bilaterales, responde al plan económico de la Casa Blanca para proteger el empleo local y equilibrar el balanza comercial.
De esta forma, el mercado argentino suma un nuevo condicionante para colocar sus productos en suelo norteamericano, en el marco de una política proteccionista global que ya viene sumando restricciones en diversos sectores.