En un movimiento geopolítico de alto impacto para el equilibrio de poder en Oriente Medio, Washington y Riad formalizaron la firma del denominado "Acuerdo 123", un marco de cooperación bilateral que habilitará a Arabia Saudita a poner en marcha su propio programa nuclear con fines civiles. La rúbrica del convenio estuvo a cargo del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y del ministro de Energía saudí, Abdulaziz bin Salman. 

Si bien la Casa Blanca ratificó que la alianza garantiza los más elevados estándares de seguridad y no proliferación -abriendo a la vez un mercado millonario e inversiones preferenciales para corporaciones norteamericanas-, los detalles filtrados sobre la letra chica del documento encendieron de inmediato las alarmas en el gobierno de Israel y en diversos sectores del Capitolio.

A diferencia de los convenios atómicos convencionales suscritos por la potencia norteamericana con otros socios regionales como Emiratos Árabes Unidos, el entendimiento contempla una cláusula a 30 años que permitiría la construcción de instalaciones en suelo saudí para el enriquecimiento de uranio, un insumo clave que cuenta con doble uso potencial y que podría reconfigurar la disuasión bélica en la zona. 

Esta concesión se da en medio del firme respaldo político que el presidente Donald Trump viene otorgando al príncipe heredero Mohamed bin Salman desde su regreso a la Casa Blanca, buscando consolidar un eje estratégico frente a las crecientes hostilidades con Irán y la reciente reactivación de los enfrentamientos armados con los rebeldes hutíes en la ruta marítima del mar Rojo.

Pese al blindaje oficial que promete un estricto control científico y la supervisión de expertos estadounidenses, la sola posibilidad de que Riad acceda a tecnología para procesar su propio uranio generó una inmediata oleada de rechazos. Senadores de la oposición demócrata y legisladores de línea dura advirtieron que la iniciativa sienta un peligroso precedente de proliferación en un territorio atravesado por tensiones bélicas, exigiendo que el Congreso rechace el texto cuando sea sometido a votación. 

En paralelo, las autoridades de Tel Aviv manifestaron su profunda inquietud ante el riesgo de que una infraestructura civil termine derivando en un programa con capacidad de armamento atómico, alterando la hegemonía defensiva que históricamente intentaron preservar en la región.

El histórico reclamo saudí por acceder a la energía nuclear formaba parte, en las proyecciones diplomáticas de Washington, de un megaproyecto de integración que pretendía atar este desarrollo a un tratado de defensa mutua y a la eventual normalización de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Israel. Sin embargo, en el convulsionado contexto actual marcado por los cruces de misiles con Teherán y la volatilidad en la Península Arábiga, la firma del pacto aceleró los tiempos políticos y obligará a la administración estadounidense a dar una dura batalla legislativa para validar una decisión que promete alterar el mapa de alianzas en la geopolítica mundial.