La política migratoria se convirtió en uno de los ejes centrales del arranque de la gestión de Kast en Chile. Apenas días después de asumir, el mandatario puso en marcha el llamado "Plan Escudo Fronterizo", una estrategia con la que busca reforzar el control sobre los pasos irregulares en el norte del país, en línea con una de sus principales promesas de campaña.

La iniciativa incluye la excavación de zanjas de tres metros de profundidad en sectores de la frontera con Perú, además del despliegue de maquinaria pesada y mayor presencia militar. Pero el esquema va más allá de los fosos: contempla también muros, vallas, cámaras térmicas e infrarrojas, sensores, radares y drones para vigilar los tramos considerados más vulnerables. Según el diseño difundido en Chile, las zanjas abarcarán 30 kilómetros, mientras el resto del control quedará apoyado en tecnología y patrullaje.

El gobierno justifica la ofensiva como una respuesta al aumento de los cruces irregulares y a la preocupación por el avance del crimen organizado. Reuters consignó que Kast vinculó la medida con la necesidad de "recuperar el control" del Estado en la frontera y señaló que en los últimos años más de 180.000 personas ingresaron de forma irregular al país.

En paralelo, la nueva administración resolvió no avanzar con el decreto que el gobierno de Gabriel Boric había preparado para regularizar a 182.000 migrantes. El director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, confirmó que no habrá una regularización masiva, en una decisión que refuerza el giro restrictivo de la política migratoria chilena.

Las medidas ya despertaron cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y colectivos migrantes, que advierten sobre el impacto humanitario de una agenda de endurecimiento fronterizo. En ese contexto, Kast llegará este lunes a Buenos Aires para reunirse con Milei, con una agenda centrada en cooperación económica, energética y judicial, pero también con la migración y la seguridad como parte del nuevo eje político entre ambos gobiernos.