La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, firmó el jueves por la noche una ley de amnistía integral, que podría liberar a personas encarceladas por motivos políticos, incluidos políticos, activistas, abogados y periodistas. La ley, firmada poco después de la aprobación legislativa, exige una revisión inmediata de los casos relacionados con enfrentamientos políticos desde 1999.

Esto marca un cambio significativo en la política venezolana, donde la existencia de presos políticos era negada anteriormente. El cambio se produce tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en Caracas, que condujo a un gobierno de transición y a medidas para revertir decisiones anteriores.

Durante la ceremonia de firma, Rodríguez declaró que la iniciativa refleja un cambio en el liderazgo nacional, alejándose de la intolerancia y abriendo nuevas vías para la política en Venezuela. Calificó la ley como un paso histórico hacia la pacificación, con el objetivo de lograr una convivencia democrática y pacífica.

La ley exige la revisión inmediata de los casos relacionados con líderes de la oposición, activistas sociales, defensores de los derechos humanos, abogados y periodistas detenidos durante períodos de conflicto. Sin embargo, excluye a quienes apoyaron acciones armadas o la fuerza contra el pueblo, la soberanía o la integridad territorial de Venezuela con apoyo extranjero.

Las organizaciones de derechos humanos siguieron de cerca el proceso legislativo. Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, enfatizó la oportunidad que tiene el Parlamento de demostrar un compromiso real con la reconciliación nacional, instando al respeto de los derechos humanos y las garantías para las víctimas de detenciones arbitrarias.

Foro Penal informa que aún quedan más de 600 presos políticos. Tras la captura de Maduro, las autoridades anunciaron un plan para liberaciones progresivas, confirmando la liberación de 448 detenidos, aunque la mayoría recibió la libertad condicional, lo que provocó exigencias de liberaciones incondicionales por parte de familiares y activistas.

Antes de la firma, familiares de los detenidos protestaron frente a los centros de detención exigiendo la implementación inmediata de la amnistía. Un grupo de mujeres inició una huelga de hambre exigiendo la liberación de sus familiares, muchos de ellos detenidos sin sentencias firmes.

La nueva legislación crea la posibilidad de nuevas liberaciones en las próximas semanas y redefine el trato del Estado a los detenidos políticos. Su eficacia depende de la rapidez de la revisión judicial y administrativa y de la aplicación de los beneficios de la ley.