Tras la destitución de José Jeri, el Congreso de Perú elige este miércoles a su nuevo presidente encargado que liderará el país hasta el 28 de julio, cuando deberá entregar el poder al gobernante que resulte electo en las elecciones del 12 de abril.

La reunión está convocada para las 18:00 locales (las 20:00 de la Argentina).

Cuatro congresistas se inscribieron como aspirantes, entre ellos María del Carmen Alva, expresidenta del Congreso en 2021 y portavoz del partido Acción Popular, de centroderecha.

Los otros candidatos son José Balcázar, parlamentario de izquierda; Edgard Reymundo, un socialista de dilatada trayectoria, y Héctor Acuña, representante de Honor y Democracia, un partido salpicado por denuncias de corrupción.

Jeri fue destituido el martes después de un breve mandato de cuatro meses. Había asumido el cargo el 10 de octubre en reemplazo de la removida presidenta Dina Boluarte, que a su vez había reemplazado al también destituido Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

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Así lo definió La Libertad Avanza (LLA) en el plenario de comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto.

Perú vive una profunda inestabilidad política. En la última década ya tuvo siete presidentes. Hoy será elegido el octavo y en julio asumirá el noveno.

El país atraviesa desde 2016 una crisis de inestabilidad institucional caracterizada por un poder legislativo dominante sobre un Ejecutivo débil.

De los últimos siete presidentes, cuatro fueron destituidos por el Congreso y dos renunciaron antes de correr la misma suerte. Solamente uno pudo terminar su mandato interino.

El Congreso destituyó el martes a Jerí por "inconducta en sus funciones y falta de idoneidad" para ejercer el cargo, tras un juicio político relámpago.

Jeri cayó en desgracia en enero cuando la fiscalía le abrió una investigación por presunto "tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses" tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno.

Su situación se complicó este mes con otra indagación sobre "tráfico de influencias" por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno.

Su mandato debía garantizar la transparencia de las elecciones presidenciales y legislativas de abril.

(Con información de AFP)