En busca de la verdad
En busca de la verdad
El gobierno de los Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, enfrenta las primeras denuncias formales por las casi cien ejecuciones extrajudiciales que viene realizando desde septiembre frente a las costas de Venezuela y Colombia.
La familia de Alejandro Carranza, el pescador identificado por el presidente de Colombia Gustavo Petro como uno de los civiles asesinados en los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe, presentó una denuncia formal contra el gobierno de los Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se trata de la primera denuncia formal contra Washington y Donald Trump ante un organismo internacional por la campaña militar lanzada en septiembre pasado y en la que ya fueron asesinadas casi un centenar de personas.
La denuncia cuenta con el patrocinio de Daniel Kovalik, un abogado vinculado a la defensa de los derechos humanos y representante del presidente Petro en varios casos internacionales. En la presentación explica de maner muy sucinta las circusntancias en la fue asesinado Carranza. "El 15 de septiembre de 2025, el ejército de los Estados Unidos bombardeó el barco de Alejandro Andrés Carranza Medina, en el que navegaba por el Caribe, frente a las costas de Colombia. Murió en el bombardeo. El señor Carranza era pescador y ciudadano colombiano". El hombre salió a pescar y nunca regresó a su casa.
La denuncia apunta directamente al secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, por ser "el responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todas las personas que se encontraban en ellas". De acuerdo con la prensa estadounidense, Hegseth dio la orden de "matar a todos" los tripulantes de las embarcaciones sospechosas, aun si no estuviera confirmada su supuesta relación con narcotraficantes. El documento también indica que Trump "ha ratificado la conducta del secretario Hegseth".
"Al llevar a cabo este asesinato extrajudicial, Estados Unidos ha violado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre", señala la denuncia firmada por la esposa de Carranza, Katerine Hernández Bernal. La familia acusa a Estados Unidos de violar los derechos a la vida, a la igualdad ante la ley, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a un juicio justo y al debido proceso legal. Según la denuncia, hay un testigo del asesinato: se trata de un líder de una asociación de pescadores en Santa Marta que prefirió mantener su nombre bajo anonimato por las "amenazas de paramilitares".
Petro denunció a finales de octubre que el segundo ataque de Washington en el mar Caribe contra una embarcación (el 15 de septiembre) había ocurrido contra un pescador colombiano y "presumiblemente" sucedió en aguas nacionales. El presidente colombiano denunció entonces que el hombre, al que identificó como Carranza, de 42 años, no tenía ningún vínculo con el narco. Trump, por su parte, había informado que en esa operación murieron tres "narcoterroristas venezolanos" que supuestamente se encontraban "transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos".
La ONU y varias organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional catalogaron los bombardeos contra las supuestas narcolanchas como "ejecuciones extrajudiciales".
El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, aseguró que estos ataques "violan el derecho internacional". La campaña militar, bautizada con el nombre de Lanza del Sur, inició con ataques contra embarcaciones en el mar Caribe, que luego se extendieron al océano Pacífico, la ruta de narcotráfico más común de las drogas que van del sur al norte de América.
Más de 80 personas ya fueron asesinadas por los Estados Unidos y solo se identificaron a dos sobrevivientes: un colombiano y un ecuatoriano, los cuales navegaban en un supuesto narcosubmarino, cuando este fue atacado el pasado 18 de octubre. Ambos fueron liberados en sus respectivos países al no probarse delitos en su contra.
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