La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este jueves que el Gobierno de Donald Trump ha incrementado a USD 50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. La recompensa anterior, de USD 25 millones, había sido ofrecida en 2019 como parte de la acusación contra el mandatario venezolano por cargos de narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína.

En un video publicado en sus redes sociales, Bondi detalló las conexiones de Maduro con organizaciones terroristas como la Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Hijos, que, según ella, son utilizadas para introducir drogas letales y violencia en Estados Unidos. "Hasta la fecha, la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, de las cuales casi siete toneladas están directamente asociadas con él", aseguró la fiscal.

Bondi también indicó que el Departamento de Justicia ha incautado activos vinculados a Maduro por un valor superior a los 700 millones de dólares, incluyendo dos aviones privados y nueve vehículos. Sin embargo, el régimen de Maduro sigue operando y continúa siendo una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes", sentenció Bondi, instando a la ciudadanía a colaborar con información que pueda llevar al arresto del mandatario.

Maduro enfrenta acusaciones formales de conspiración narcoterrorista y tráfico de drogas en Estados Unidos desde 2020, lo que constituye un caso excepcional contra un jefe de Estado extranjero.

En el ámbito político de Venezuela, Maduro fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales de julio de 2024, unas elecciones que fueron criticadas por la oposición. El Centro Carter y la Misión de Observación Electoral de Colombia respaldaron los recuentos alternativos presentados por la oposición, que atribuyó la victoria a Edmundo González Urrutia con un 67% de los votos frente al 30% obtenido por Maduro.

La coalición opositora, encabezada por María Corina Machado, presentó miles de actas que, según su análisis, demuestran que los resultados oficiales no reflejan la voluntad popular. González Urrutia, quien debió huir del país y radicarse en España, fue perseguido por el régimen de Maduro, que emitió una orden de arresto y ofreció USD 100.000 por información sobre su paradero.