La Universidad de Harvard ha respondido con acciones legales a una serie de demandas impuestas por la administración de Donald Trump, que buscan condicionar el financiamiento federal a cambios profundos en sus políticas institucionales. Entre las exigencias se incluyen la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), la prohibición del uso de mascarillas durante protestas en el campus, la contratación estrictamente basada en el mérito, reformas en los criterios de admisión y la reducción de la influencia de profesores y administradores identificados con posturas activistas.

Las tensiones entre el gobierno federal y la institución académica de élite aumentaron la semana pasada, cuando Harvard recibió una carta de un grupo de trabajo federal en la que se describían estas demandas. En la misiva también se insinuaba que el cumplimiento de estas condiciones sería necesario para mantener la relación financiera con el gobierno federal.

Frente a esto, el presidente interino de Harvard, Alan M. Garber, fue contundente: "Hemos informado a la administración, a través de nuestro asesor legal, que no aceptaremos el acuerdo propuesto. La Universidad no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales".

Esta postura marca un hito, ya que sería la primera vez que una universidad de élite rechaza públicamente las condiciones impuestas por la administración Trump, que ha amenazado con recortes de financiación a diversas instituciones educativas en todo el país si no se alinean con su visión de la educación superior.

Desde la Casa Blanca, un portavoz justificó las medidas argumentando que buscan poner fin al antisemitismo en los campus y evitar que el dinero de los contribuyentes financie "la discriminación racial peligrosa o la violencia por motivos raciales". Según el comunicado, "Harvard o cualquier institución que desee violar el Título VI no puede, por ley, recibir financiación federal".

Sin embargo, Garber respondió que muchas de estas condiciones implican "una regulación gubernamental directa de las condiciones intelectuales en Harvard". Y agregó: "Ningún gobierno, independientemente del partido que esté en el poder, debería dictar qué pueden enseñar las universidades privadas, a quiénes pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir".

En paralelo, el capítulo de la facultad de Harvard de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, junto con la organización nacional, presentó una demanda judicial para impedir que el gobierno recorte la financiación federal. En el documento se advierte que la cancelación es "inminente", y se citan precedentes como la Universidad de Columbia, que ya habría sufrido un recorte de 400 millones de dólares.

"El presidente de Estados Unidos está violando los derechos de las universidades y el personal docente bajo la Primera Enmienda", denunció Nikolas Bowie, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, en una entrevista con CNN. "Nos está exigiendo que suprimamos nuestra libertad de expresión para mantener el financiamiento".

La carta del gobierno también exige que la universidad colabore plenamente con el Departamento de Seguridad Nacional y otros reguladores para asegurar el cumplimiento de las políticas migratorias y otras normativas federales. Esta presión coincide con el anuncio de varias agencias gubernamentales de que están revisando 8.700 millones de dólares en subvenciones y más de 255 millones de dólares en contratos entre Harvard y el gobierno federal.

En este contexto, la prestigiosa universidad, cuya dotación financiera alcanzó los 53.200 millones de dólares en 2024, se enfrenta ahora a un desafío institucional sin precedentes: defender su autonomía académica y su libertad de cátedra frente a la creciente injerencia del poder político.