En busca de la verdad
En busca de la verdad
En medio del aumento de la morosidad y las dificultades de las familias para afrontar sus deudas, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores
En medio del aumento de la morosidad y las dificultades de las familias para afrontar sus deudas, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores avanzan con nuevas medidas para facilitar el financiamiento. Las reformas alcanzarán a trabajadores, comercios, bancos y pymes.
El Gobierno nacional trabaja en un paquete de cinco medidas para impulsar los créditos en pesos, con el objetivo de ampliar las alternativas de financiamiento para familias y empresas. La iniciativa llega en un escenario económico complejo, atravesado por el elevado nivel de endeudamiento de los hogares y las dificultades para cumplir con los pagos.
Las modificaciones estarán a cargo del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), que buscan introducir cambios en las regulaciones financieras para generar mayor competencia, facilitar el acceso a préstamos y mejorar las condiciones crediticias.
El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, presentó los principales lineamientos durante un encuentro con inversores en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, realizadas en Bangkok, Tailandia.
Aunque la morosidad de las familias continúa en niveles históricamente elevados, desde la autoridad monetaria señalaron que comienzan a observarse algunas señales de recuperación, entre ellas una reducción de los préstamos irregulares y un incremento de las refinanciaciones.
El paquete de modificaciones contempla cambios en los mecanismos de cobro de préstamos, nuevas herramientas para que los comercios puedan obtener liquidez y una ampliación de las garantías destinadas al sector empresarial.
Una de las primeras iniciativas estará dirigida a los empleados públicos que solicitan préstamos con descuento directo de sus salarios. El Banco Central prevé eliminar el límite vigente para las tasas de interés y permitir que los códigos de descuento puedan transferirse entre entidades financieras autorizadas.
La intención es ampliar las alternativas disponibles para los trabajadores y favorecer la competencia entre bancos. Sin embargo, la eliminación del límite también podría permitir que algunas entidades apliquen intereses más elevados.
Para los trabajadores del sector privado, el Ejecutivo impulsa una modificación en la modalidad de pago de los créditos descontados de los haberes.
El nuevo mecanismo contempla que las operaciones se canalicen mediante la Cámara Electrónica de Compensación de Medios de Pago (Coelsa), sin necesidad de que los empleadores intervengan administrativamente en el proceso. Los trabajadores conservarán la posibilidad de determinar cómo se asignan los fondos.
Otra de las reformas estará destinada a los comerciantes que reciben pagos con tarjetas de crédito y necesitan disponer del dinero antes de que se concrete la liquidación de sus ventas.
En este caso, los cupones pasarán a tener reconocimiento como instrumentos digitales, legales y transferibles, lo que permitirá utilizarlos para acceder a distintas opciones de financiamiento.
Además, podrán negociarse mediante oferta pública, formar parte de las inversiones de fondos comunes de inversión abiertos y contar con mecanismos judiciales más ágiles ante eventuales incumplimientos.
El Gobierno también busca mejorar las condiciones de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas mediante la implementación de un Sistema Federal de Garantías.
Esta herramienta permitirá concentrar información sobre los bienes y activos utilizados como respaldo de operaciones crediticias, de manera que los bancos puedan evaluar con mayor precisión los riesgos al momento de otorgar préstamos.
Si bien todavía no se informaron fechas de implementación, la propuesta apunta a generar mayor transparencia y simplificar el acceso al crédito.
La quinta medida contempla una ampliación del límite de apalancamiento bancario y un fortalecimiento de las garantías utilizadas para financiar actividades productivas.
En este punto, tendrán un papel importante las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), que permiten a las pymes acceder a financiamiento mediante avales, incluso cuando no disponen de un historial crediticio suficiente.
Uno de los principales interrogantes es cómo impactarán estas modificaciones en las tasas que pagan las familias y las empresas.
Según explicó Werning, las condiciones de financiamiento de los bancos comenzaron a estabilizarse y actualmente presentan costos bajos en términos reales.
El funcionario aseguró que las tasas aplicadas a los préstamos empresariales registraron disminuciones y que esa tendencia también empezó a trasladarse al financiamiento de los hogares.
Como referencia, mencionó que los créditos hipotecarios UVA otorgados durante agosto tuvieron una tasa promedio del 6,9% adicional al ajuste por inflación.
En paralelo, el Banco Central busca generar condiciones para extender los plazos de devolución y reducir los costos asociados al endeudamiento.
Entre las herramientas que ya se encuentran en funcionamiento figuran modificaciones regulatorias para préstamos corporativos en dólares y mecanismos de financiamiento de largo plazo orientados al mercado hipotecario.
Pese a las medidas destinadas a incentivar los préstamos, el Banco Central dejó en claro que no implementará un programa de rescate para las personas que mantienen deudas impagas.
Tampoco está previsto flexibilizar los criterios utilizados por los bancos para analizar la capacidad de pago de quienes solicitan financiamiento.
La postura oficial busca evitar que el incremento de la morosidad se traduzca en un deterioro de la situación financiera de las entidades o genere riesgos para los depositantes.
En ese sentido, Werning descartó aplicar mecanismos que impliquen costos ocultos para el sistema financiero y defendió la necesidad de mantener controles sobre la calidad de los créditos.
Otro de los ejes de la presentación estuvo relacionado con la incidencia de la carga tributaria en las tasas de interés.
De acuerdo con las estimaciones difundidas por el BCRA, los impuestos representan hasta 46 puntos porcentuales de la tasa aplicada al financiamiento con tarjetas de crédito.
La incidencia tributaria varía según el tipo de préstamo:
- Préstamos personales: 32 puntos porcentuales.
- Tarjetas de crédito: 46 puntos porcentuales.
- Descuento de documentos para empresas: 13 puntos porcentuales.
- Créditos hipotecarios: 3,3 puntos porcentuales.
Desde la autoridad monetaria señalaron que una parte importante de estos costos está vinculada con Ingresos Brutos y las tasas municipales.
Por este motivo, consideraron que una reducción más significativa de los intereses dependerá también de modificaciones impositivas que involucren a las provincias y los municipios.
Con este conjunto de reformas, el Gobierno apuesta a reactivar el financiamiento en pesos sin implementar una asistencia directa para los deudores. Sin embargo, la efectividad de las medidas estará condicionada por la evolución de los ingresos familiares, las tasas de interés y la capacidad de pago de quienes buscan acceder a nuevos préstamos.
