El resultado fiscal del primer semestre encendió una señal de alerta para el Gobierno, ya que, según distintos analistas privados, el superávit acumulado hasta junio quedó por debajo del objetivo comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La próxima revisión técnica del organismo está prevista para fines de julio y será determinante para habilitar un desembolso superior a los US$680 millones. En ese contexto, el 27 de julio llegará al país la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Aunque no participa directamente de las auditorías técnicas, el Ejecutivo podría anticiparle el desvío de la meta y solicitar un waiver, una dispensa que permita aprobar la revisión pese al incumplimiento.

De acuerdo con un informe de Max Capital, el superávit primario acumulado bajo la metodología utilizada por el FMI alcanzó los $6,3 billones a junio, mientras que la meta fijada para esa fecha era de $6,861 billones, lo que implica que el objetivo no fue alcanzado.

En la misma línea, Grupo SBS estimó que, al excluir los ingresos extraordinarios, el incumplimiento rondó los $573.970 millones. No obstante, la consultora consideró que esa diferencia no debería representar un obstáculo para la aprobación de la revisión.

La meta anual sigue siendo exigente

Tras la última revisión del acuerdo, el Gobierno logró flexibilizar el objetivo fiscal de 2026, reduciendo la meta de superávit primario del 2,2% al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, especialistas sostienen que el cumplimiento de ese compromiso dependerá de un mejor desempeño de las cuentas públicas durante el segundo semestre.

Uno de los principales desafíos será la caída real de la recaudación tributaria, afectada por el menor nivel de actividad económica. Según la consultora LCG, la reducción sostenida de los ingresos obliga al Ministerio de Economía a profundizar el ajuste del gasto si pretende cumplir con el acuerdo firmado con el FMI.

Los analistas también advirtieron que, si bien existe voluntad política para alcanzar la meta, el esfuerzo fiscal necesario podría tener un elevado costo económico y social.

Como parte de esa estrategia, el Gobierno tomó una serie de decisiones para reducir el impacto del ajuste. Entre ellas, aplicó una baja limitada de las retenciones concentrada en trigo y cebada, postergó hasta 2027 la reducción de los derechos de exportación sobre la soja y sus derivados, demoró hasta noviembre la implementación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y recurrió a cambios contables para reconocer una deuda con la Ciudad de Buenos Aires.