La medida busca garantizar la continuidad del servicio eléctrico y sostener el proceso de normalización del sector, ante la persistencia de riesgos técnicos, operativos y financieros
El Gobierno nacional ha prorrogado la emergencia del Sector Energético Nacional en el segmento de energía eléctrica hasta el 31 de diciembre de 2027, según el Decreto 585/2026 publicado en el Boletín Oficial.
Esta medida busca asegurar la continuidad del servicio eléctrico y la normalización del sector frente a persistentes riesgos técnicos, operativos y financieros. La extensión alinea la emergencia eléctrica con la del transporte y distribución de gas natural, dada su estrecha relación.
Declarada originalmente en 2023 y extendida dos veces, la emergencia se mantiene por la subsistencia de condiciones que justifican herramientas extraordinarias para evitar problemas de abastecimiento, asegurar la estabilidad regulatoria y preservar el equilibrio económico del mercado. Se busca prevenir cortes masivos, destacando que el gas natural es clave para la generación termoeléctrica, por lo que la planificación de ambos sistemas debe ser coordinada. La Secretaría de Energía seguirá a cargo de la Red Nacional de Interconexión y la regulación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
El sector ha experimentado reformas, como la actualización tarifaria y cambios regulatorios. En noviembre de 2025, nuevas reglas para el MEM buscaron fortalecer la competencia e incentivar la inversión privada. La emergencia inicial se debió al deterioro de la infraestructura eléctrica y problemas financieros. La cobrabilidad de CAMMESA mejoró del 48% en diciembre de 2023 al 97% tras la recomposición tarifaria, pero el Gobierno advierte que un retroceso comprometería la sostenibilidad financiera.
La coordinación con el sistema gasífero también responde a los cambios en el transporte de gas desde mayo, que afectaron su disponibilidad para la generación eléctrica. Por ello, el decreto instruye adecuar la programación y despacho de energía a las nuevas condiciones operativas.
Las prioridades de la emergencia incluyen la ampliación de redes de alta tensión, la incorporación de almacenamiento de energía y el fortalecimiento de los servicios de reserva para mejorar la confiabilidad. La política energética también busca reducir la brecha entre el Precio Estacional (PEST) y el costo real del abastecimiento en el MEM. En mayo de 2026, el precio pagado por usuarios residenciales subsidiados era solo el 24% del valor de referencia, una situación insostenible para el Gobierno.
En este contexto, el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado en 2025, continuará asignando beneficios de manera más específica y disminuyendo los subsidios generalizados. La continuidad de la emergencia permitirá sostener inversiones, preservar la cadena de pagos y modernizar el sistema energético nacional sin cambios abruptos en su financiamiento.