La morosidad en los créditos destinados a familias y empresas alcanzó su nivel más alto de las últimas dos décadas, encendiendo una señal de alerta para el sistema financiero. De acuerdo con el último informe de la Central de Deudores del Banco Central, el índice de irregularidad en los préstamos a familias aumentó del 12,1% en abril al 12,7% en mayo. En el segmento empresarial, en tanto, pasó del 3,3% al 3,5%.

En el conjunto del crédito al sector privado, la mora se ubicó en el 7,7%, reflejando un deterioro en la capacidad de pago de los deudores en un contexto marcado por el estancamiento del consumo y las dificultades para acceder a nuevo financiamiento.

Este escenario también impacta en el acceso al crédito. Más del 27% de las personas que solicitaron un préstamo dejó de ser considerado sujeto de crédito, una situación que afecta a casi siete millones de argentinos.

La exclusión financiera limita la posibilidad de acceder a nuevos préstamos o refinanciar deudas a través de los canales tradicionales, profundizando las dificultades económicas de los hogares con problemas para cumplir con sus obligaciones.

Morosidad: el impacto en los jóvenes

El informe revela, además, que los jóvenes menores de 35 años son el grupo más afectado. En esta franja etaria, cuatro de cada diez personas con créditos vigentes registran algún tipo de deuda impaga.

Aunque los indicadores mejoran levemente en los grupos de mayor edad, los niveles de morosidad continúan siendo elevados. Entre los deudores de 36 a 45 años, el 31% presenta atrasos en sus pagos, mientras que en el segmento de 46 a 55 años el porcentaje alcanza el 23,5%.

La situación es aún más crítica en las entidades financieras no bancarias. En este sector, que concentra cerca del 17% del financiamiento destinado a las familias, la morosidad trepó al 32,2% en mayo, cuando apenas un año y medio atrás se ubicaba por debajo del 10%.

Estos datos muestran que el deterioro ya no afecta sólo a los bancos tradicionales, sino que también se extiende a financieras, billeteras digitales y otras alternativas de crédito. Frente al incremento de la incobrabilidad, las entidades privadas endurecieron sus políticas de otorgamiento de préstamos.

Entre las principales medidas se destacan mayores exigencias para aprobar créditos personales, una menor actualización de los límites de las tarjetas de crédito y una estrategia más conservadora para reducir el riesgo de sus carteras. Con estas decisiones, las entidades buscan preservar su liquidez en un escenario donde el consumo permanece débil y la incertidumbre económica continúa condicionando la recuperación del mercado crediticio.