El Gobierno nacional anunció un megaproyecto de inversión privada para la construcción de un reactor nuclear modular pequeño (SMR, por sus siglas en inglés) en el complejo de Atucha, partido de Zárate. La iniciativa, que demandará un desembolso estimado en US$ 1.200 millones, fue presentada formalmente ante el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli.

El proyecto, llevado adelante por la empresa Meitner Energy Latam, contempla el desarrollo del modelo ACR-300, un reactor de Generación III+ con tecnología PWR y una potencia aproximada de 300 megavatios eléctricos. Según destacaron desde el Ejecutivo, la obra será financiada íntegramente con capitales privados estadounidenses, aunque estará basada en una patente argentina, marcando un hito al presentarse como el primer reactor de este tipo a nivel mundial.

Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam, y Pablo Franzetti, director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios, fueron los encargados de detallar la propuesta, la cual promete generar alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos a lo largo de sus etapas de desarrollo, construcción y operación.

Para el Gobierno, este anuncio representa un fuerte respaldo a su nuevo esquema económico, orientado a promover inversiones estratégicas sin financiamiento estatal directo. "Es exactamente el modelo que venimos impulsando: el Estado genera las condiciones y garantiza la previsibilidad, y el sector privado invierte el capital asumiendo el riesgo", sostuvo Ramos Nápoli, subrayando que la propuesta se alinea con las políticas nucleares presentadas a fines de mayo.

Los detalles técnicos y el rol del Estado

La nueva central se instalará en el predio ubicado en Lima, donde actualmente operan Atucha I y Atucha II. El acuerdo involucra también a Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal operadora de las centrales nucleares del país. Meitner Energy deberá abonar un canon por el derecho real de superficie sobre los terrenos, mientras que Nucleoeléctrica tendrá el derecho de asumir la operación y el mantenimiento de la planta bajo condiciones de mercado.

Debido a la magnitud de la inversión, en la Casa Rosada confían en que el proyecto podría calificar para ingresar al super-RIGI, el nuevo régimen de grandes inversiones que el presidente Javier Milei busca enviar al Congreso para potenciar sectores clave como la energía, minería y tecnología nuclear.

Sin embargo, el inicio de los trabajos no será inmediato. La propuesta aún debe ser aprobada por el Ministerio de Economía y obtener el licenciamiento de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Una vez superadas estas instancias burocráticas y técnicas, el plazo estimado de obra será de aproximadamente cinco años.

Anuncio en medio de la tensión gremial

La llegada de esta inversión privada contrasta con el clima de tensión que atraviesa el sector público nuclear. El anuncio se da en el marco de la crisis dentro de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), tras la decisión del Gobierno de no renovar 61 contratos.

Mientras desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncian un "vaciamiento del sector", las autoridades oficiales argumentan que los recortes no afectaron a ingenieros nucleares ni a personal técnico especializado. Esta controversia, sumada a las dudas sobre el futuro del financiamiento estatal para el CAREM (el histórico reactor argentino de baja potencia impulsado por la CNEA), marca el complejo escenario en el que aterriza este nuevo desembolso millonario.