La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme el decomiso de $684.990 millones en la causa Vialidad abrió una nueva etapa judicial centrada exclusivamente en la ejecución patrimonial de los condenados. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la discusión gira alrededor de 20 bienes inmuebles que la Justicia pretende utilizar para cubrir la parte que le corresponde dentro de la millonaria compensación económica fijada en la sentencia.

Aunque el monto total del decomiso ya quedó avalado por el máximo tribunal, todavía resta resolver qué propiedades podrán ser finalmente ejecutadas. La particularidad y el punto más sensible de este tramo recae en que 19 de esos bienes están registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, quienes los heredaron tras la muerte del expresidente Néstor Kirchner en 2011. Actualmente, solo un terreno de aproximadamente 6.000 metros cuadrados ubicado en El Calafate, adquirido en 2007, permanece inscripto a nombre de la expresidenta.

De acuerdo con el inventario judicial, entre las propiedades bajo la lupa figura la histórica casona familiar de El Calafate y el Hotel Los Sauces, uno de los activos más conocidos del patrimonio. El listado también comprende un conjunto de 10 departamentos ubicados en Río Gallegos, adquiridos en 2007 mediante un fideicomiso vinculado a un desarrollo inmobiliario de las empresas de Lázaro Báez; una vivienda incorporada al patrimonio en 2010; y otra propiedad adquirida en 2006. Como dato clave, el departamento del barrio porteño de Constitución donde Cristina Kirchner cumple actualmente su prisión domiciliaria no integra la lista de bienes que la Justicia pretende ejecutar.

La Corte ratificó que Cristina Kirchner y los otros condenados deben devolver $685.000 millones

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El máximo tribunal rechazó los planteos de nulidad de la expresidenta, de Lázaro Báez y confirmó la actualización de la cifra.

A nivel general, el decomiso ordenado por la Justicia alcanza un total de 111 inmuebles pertenecientes a todos los condenados del expediente. De ese amplio universo, la gran mayoría -84 propiedades- corresponden al empresario Lázaro Báez, 19 a los hermanos Kirchner, uno a la exmandataria y el resto se reparte entre otros exfuncionarios hallados culpables.

La defensa sostiene que muchos de esos bienes fueron adquiridos antes del período en el que se cometieron los hechos investigados, por lo que argumentan que no guardan relación directa con el delito y no deberían formar parte del decomiso. Esta postura ya había sido parcialmente receptada en instancias anteriores por el juez de Casación, Mariano Borinsky. Con la cifra récord ya confirmada, la contienda se concentrará ahora en el Tribunal Oral Federal N° 2, que será el encargado de determinar de manera definitiva cuáles de los inmuebles heredados serán efectivamente ejecutados para cumplir con la condena.