En un paso estratégico para normalizar la situación financiera internacional del país, La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas firmaron este miércoles un dictamen favorable en el Senado para autorizar el pago de US$ 171 millones a los últimos grandes tenedores de bonos en situación de hold out. El plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda, conducidas por Martín Goerling Lara (PRO) y Agustín Monteverde (LLA), despejó el camino para que la iniciativa sea tratada y aprobada en el recinto durante la primera semana de mayo.

El acuerdo, que originalmente vencía el 30 de abril, recibió una prórroga clave hasta el 31 de mayo, según informó el senador Monteverde tras una comunicación del procurador general de la Nación, Eduardo Casal. El proyecto faculta al Ejecutivo a cancelar las deudas con Bainbridge Ltd. (por US$ 67 millones) y el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP (por US$ 104 millones). Según los fundamentos técnicos, la operación implica una quita superior al 30% sobre los montos remanentes y evita el devengamiento de intereses punitorios bajo la ley de Nueva York, que resultarían significativamente más costosos en caso de una ejecución judicial.

La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió enfáticamente la medida al señalar que este pago permitirá extinguir definitivamente las órdenes de embargo que pesan sobre activos soberanos, especialmente las acciones de YPF. "Este proyecto es un cierre al default del año 2001", afirmó la senadora, destacando que la resolución del conflicto impactará positivamente en la valoración de los activos argentinos en el exterior al eliminar la incertidumbre legal que arrastran desde hace décadas.

Desde el Gobierno subrayaron que la aprobación de esta ley es vital para resolver de forma integral múltiples causas judiciales en tribunales internacionales. El texto aclara que el pago se realizará de forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de gravámenes para su inmediata extinción. Con este dictamen, el oficialismo busca dar una señal de previsibilidad a los mercados, cumpliendo con compromisos históricos bajo condiciones financieras que el Ministerio de Economía considera favorables en comparación con el riesgo de continuar el litigio.