Durante el período de fuertes controles cambiarios aplicado en el gobierno de Alberto Fernández, se habrían desarrollado maniobras irregulares vinculadas al uso de dólares al tipo de cambio oficial. Según estimaciones realizadas dentro del ámbito oficial, el volumen total de estas operaciones podría haber alcanzado cerca de 1.500 millones de dólares. El esquema habría sido aprovechado por ciertas casas de cambio, que sacaban provecho de la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo para obtener ganancias.

En ese contexto, el Banco Central volvió a aplicar sanciones recientemente contra una entidad cambiaria por operaciones consideradas irregulares, que habrían sumado unos 180 millones de dólares durante algunos meses de 2023, en plena vigencia del cepo. La investigación, llevada adelante por la Superintendencia de Entidades Financieras, incluyó a la firma Stema, que ya había sido mencionada en expedientes previos relacionados con este tipo de operatorias.

Dentro de organismos oficiales, a este circuito se lo apodó "la escalerita". Se trataba de un mecanismo que, según describen, funcionaba de forma fluida entre 2022 y 2023, en paralelo al endurecimiento de las restricciones cambiarias y la implementación del sistema SIRA para autorizar importaciones. La operatoria comenzaba con bancos que accedían a divisas al valor oficial y luego las transferían a casas de cambio. Estas, a su vez, las revendían a otras entidades en una cadena sucesiva. En ciertos puntos del recorrido, los dólares eran retirados en efectivo, lo que dificultaba seguir su rastro.

De acuerdo con cálculos internos, una gran parte de esas divisas -alrededor del 84%- habría perdido trazabilidad dentro del sistema. Hacia finales de 2023, sostienen desde el Ejecutivo, estas maniobras se habrían reducido significativamente.

En el caso puntual de Stema, el Banco Central determinó que compraba dólares al tipo de cambio oficial para luego colocarlos en el mercado entre otros operadores. Además, detectó que el dinero era retirado en efectivo el mismo día en que se acreditaba, lo que contribuía a perder el seguimiento bancario de las operaciones.

Los compradores de esas divisas incluían diversas firmas, que posteriormente redistribuían los dólares, muchas veces sin justificar adecuadamente el origen de los pesos utilizados. En un escenario de fuertes restricciones, el organismo concluyó que, aunque formalmente se trataba de operaciones legales de compra y venta, el objetivo final era abastecer al mercado paralelo, donde la cotización duplicaba a la oficial.

Investigaciones anteriores también señalaron a otras casas de cambio como parte de este entramado, con operaciones detectadas por cientos de millones de dólares. En varios casos, las divisas no eran destinadas a clientes finales sino a otros intermediarios, y una proporción significativa se entregaba en efectivo.

En paralelo, la Justicia comenzó a avanzar sobre posibles irregularidades vinculadas a la obtención de permisos para importar mediante el sistema SIRA. En una causa a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Franco Piccardi, se investiga si algunos empresarios habrían pagado sobornos -de entre el 10% y el 15%- para acceder a dólares oficiales. La investigación incluye múltiples allanamientos y pedidos para levantar secretos fiscales y bancarios.

Todo este entramado se habría desarrollado en un contexto de estricta regulación del mercado cambiario, donde las personas físicas tenían un acceso muy limitado al dólar oficial, con un tope mensual de 200 dólares.