En busca de la verdad
En busca de la verdad
El Tribunal envió el expediente a la Procuración General de la Nación para que analice el caso; se prevé que emita su opinión sobre qué cámara deberá resolverlo
Según registros oficiales del Poder Judicial, el máximo tribunal remitió el expediente a la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, para que analice el caso.
Se trata de una medida de carácter procedimental. Entre sus funciones, el Ministerio Público Fiscal actúa como fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en defensa de los intereses generales de la sociedad. Tiene el deber de dictaminar en las causas. "Siempre que exista controversia sobre la interpretación o aplicación directa de una norma de la Constitución Nacional o de los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que la República sea parte", según establece la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
El expediente caratulado "Elementary Innovation contra el Ministerio de Economía Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno s/ Apelación de Resolución Administrativa", llegó a la Corte Suprema luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se declararan incompetentes y se diera lugar a lo que en la jerga se conoce como "un conflicto negativo de competencia".
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Las razones detrás del conflicto
Según pudo reconstruir LA NACION a partir del expediente judicial, el conflicto estalló en julio de 2025, cuando Mercado Libre presentó una denuncia administrativa contra Temu ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno.
Los argumentos de la empresa fundada por Marcos Galperin se centraron en tres pilares:
Publicidad engañosa: acusó a Temu de presuntamente captar usuarios mediante promesas de productos gratuitos o descuentos del 100% que, en la práctica, eran imposibles de obtener.
Precios predatorios: denunció una supuesta estrategia agresiva de vender por debajo del costos para ganar mercado rápidamente.
Mecanismos coercitivos: advirtió el posible uso de juegos y dinámicas de "urgencia" que inducen al error del consumidor.
Temu no tardó en responder, calificando la acción de su competidor como una estrategia de "sham petitioning" o litigio abusivo. Según la firma de origen asiático, el objetivo de Mercado Libre "es hostigar a los nuevos entrantes mediante denuncias infundadas para así elevar los costos de ingreso al mercado para empresas emergentes como Temu, con el fin de asegurar a toda costa la consolidación en el tiempo de la posición de dominio que detenta".
Frente a ello, Temu solicitó sanciones contra Mercado Libre por falsa denuncia, argumentando que la denuncia original carecía de sustento fáctico y probatorio, y se basó en evidencia parcial, recortada o correspondiente a otras jurisdicciones. Y en su descargo, desde Temu expusieron que Mercado Libre también utiliza tácticas de urgencia como las "ofertas relámpago" y que incluso oculta costos de envío que duplican el precio final del producto.
Tras realizar una verificación de oficio, la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno imputó a Temu y dictaminó una medida preventiva: le ordenó suspender toda publicidad efectuada en los canales digitales, propios o de terceros -sitio web, aplicación móvil y redes sociales- y anuncios o mensajes promocionales engañosos.
La intervención de la Justicia
El caso llegó a la Justicia este mes, cuando Temu solicitó una medida cautelar contra la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno para que se abstenga de avanzar en el proceso. La empresa alegó que el proceso administrativo está "plagado de vicios".
Por un lado, Temu denunció que la autoridad clausuró el período de prueba de forma arbitraria el 9 de enero, sin haber resuelto antes sobre la procedencia de las pruebas ofrecidas por la empresa, ni notificar la apertura del período, ni permitir su producción.
Y por el otro, Temu sostuvo que la imputación y la medida preventiva dictadas en su contra no solo "fueron ordenadas por un funcionario carente de facultades legales para hacerlo", sino que "todo el procedimiento fue irregular y durante el mismo se violó su derecho de defensa".
Fuente: La Nación
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